GUANAJUATO, Gto. – Hasta el momento se han dictaminado once iniciativas relacionadas con el tema de feminicidio, violencia obstétrica y fiscalías especializadas, prioritarias para atender la solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, informó Jorge Octavio Sopeña, titular de la Dirección General Parlamentaria del Congreso Local.
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Los integrantes del Sub grupo de trabajo conformado en el Congreso del Estado tienen como objetivo cumplir con las recomendaciones emitidas por el Grupo de trabajo integrado para atender la Solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres y sesionaron para analizar los avances respectivos.
El pasado 17 de marzo del presente año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo la petición que se emitiera una Alerta de Género ante el aumento de homicidios en contra de mujeres en la entidad.
Esos municipios son Silao de la Victoria, Valle de Santiago, Villagrán, León, Abasolo, Acámbaro, Apaseo El Alto, Apaseo El Grande, Celaya, Cortazar, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, Pénjamo, Salamanca, Salvatierra y Santa Cruz de Juventino Rosas.
El mes pasado fue conformado el grupo de trabajo al interior del Congreso para analizar cada una de las iniciativas presentadas en esta materia.
A través de un documento enviado a las integrantes de este grupo y posteriormente a la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JGCP), su presidente Luis Ernesto Ayala Torres informó que entre las iniciativas priorizadas ya se han dictaminado 11, en tanto que la metodología de 11 iniciativas ya fue agotada y en breve pasarán a dictaminación. Las propuestas restantes, que son 20, se encuentran en estudio por parte de las comisiones.
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El titular de la Dirección General Parlamentaria, Jorge Octavio Sopeña Quiroz, refirió que se continuará informando en tiempo y forma sobre el avance de la agenda parlamentaria que se designó como prioritaria.
Durante el desarrollo de la sesión celebrada en el Congreso Local, se dio cuenta de la designación de Katya Cristina Soto Escamilla como representante del Partido Acción Nacional en sustitución del diputado Armando Rangel Hernández.
Hay que mencionar que después de la petición hecha por la CNDH, se dio seguimiento al tema, y el 24 de mayo de 2023, hubo una reunión en Palacio de Gobierno aquí en Guanajuato capital entre el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y Fabiola Alanís Sámano, comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, (CONAVIM), quien entregó un informe de los feminicidios y la desaparición de mujeres en la entidad, acompañada de 19 recomendaciones que, se fijó, deben cumplirse en un lapso de seis meses.
El diez de agosto en la comisión de la Diputación Permanente fueron presentadas siete iniciativas con la finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas en el Informe en Materia de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
Hay que recordar que el gobierno del estado también ha aumentado el estado de fuerza en los 17 municipios incluidos en la alerta de género con el fin de reforzar las Unidades Policiales de Prevención y Atención a la Violencia de Género.
En cuanto a las iniciativas presentadas está la que tiene como objetivo reformar la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para establecer que el Congreso sea el órgano encargado de designar a la persona que ocupará la titularidad de la próxima Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Contra las Mujeres por Razones de Género.
Además, la que busca reformar el Código Penal del Estado de Guanajuato en materia de violencia familiar para incorporar a este tipo penal las “relaciones de hecho”, mismas que pueden definirse como aquellas caracterizadas por la convivencia constante y estable, basadas en una relación de afectividad, solidaridad y ayuda mutua.
De igual manera se propuso establecer que en los casos de violencia familiar el Ministerio Público o la autoridad judicial dictaminará las medidas que considere pertinentes para salvaguardar la integridad psicológica, patrimonial y económica de la víctima.
Otra propuesta consiste en modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato para que se integren al Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres a las personas titulares de la Comisión Estatal de atención integral a víctimas, la Comisión Estatal de búsqueda de personas y la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable.
La iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, que busca incorporar en el ámbito de la responsabilidad administrativa, la sanción de la violencia política contra las mujeres al adicionar en la norma este concepto y el listado de supuestos que la configuran, conforme a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato.
También está la propuesta para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato en materia del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.
Otra consiste en modificar la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato y la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato para sumar a la persona titular del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses al Sistema Estatal de Búsqueda de Personas y al Sistema Estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato, misma que acaba de ser aprobada.
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Finalmente, las diputadas Yulma Rocha Aguilar, Dessire Ángel Rocha y Martha Lourdes Ortega Roque propusieron modificar diversas disposiciones del Código Penal estatal para armonizar el tipo penal de feminicidio con los elementos contenidos tanto en el Código Penal Federal como en el Modelo de Tipo Penal de Feminicidio.
Propusieron una adición a la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia con el propósito de otorgar al titular de la Fiscalía General del Estado la facultad de garantizar que todas las muertes violentas de mujeres, incluidas aquellas que en principio parecieran haber sido causadas por motivos criminales, suicidio o accidente, sean investigadas como probable feminicidio y con perspectiva de género, de conformidad con el protocolo especializado.
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