/ miércoles 1 de febrero de 2023

Se mantiene revisión integral de auditorías a administraciones municipales

Se investigan irregularidades en las administraciones de Beatriz Hernández y Antonio Arredondo

Ante la incertidumbre por la prescripción de posibles responsabilidades a funcionarios de las dos anteriores administraciones locales, por las irregularidades detectadas e investigadas a través de la Auditoriía Superior del Estado de Guanajuato, el síndico Gerardo José Aguirre Cortez aclaró que dentro de una auditoría integral, la ley del estado contempla un periodo de hasta siete años para dar resolución a los procesos y, en su caso, fincar o no responsabilidades por afectaciones al erario público de más de 380 millones de pesos.

Las afectaciones al erario público serían de más de 380 millones de pesos.

“En términos de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos en el Estado de Guanajuato, la ley general habla de siete años, entonces no es tan sólo la fecha en que se dio el evento, sino en cuanto se presentó la situación, en cuanto se presentó todavía tenemos siete años”, refirió el funcionario, quien enfatizó que los procesos aún están en tiempo para fincar responsabilidades a los titulares de las dos anteriores administraciones municipales.

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En este sentido, explicó que la auditoría integral la está manejando directamente la Auditoría Superior del Estado y, en el caso de comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, no se ha recibido información en ningún sentido. “Pero ahorita, ya con el acercamiento que hay con el contralor, primero es darle certeza jurídica como órgano y que ellos hagan la rendición del informe al pleno del ayuntamiento para que toda la ciudadanía conozca el estatus de cada uno de las denuncias que fueron presentadas por los regidores del anterior ayuntamiento y que nos dé el avance de la propia auditoría integral”.

Asimismo, Aguirre Cortez dio a conocer que tras la restructuración de comisiones en el ayuntamiento asumió la titularidad de la comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción. “La semana pasada tuve la primera reunión en lo particular con el contralor, porque una de las cuestiones que más preocupa ahorita es que se actualice el reglamento de la Contraloría para que pueda tener la figura y los fundamentos jurídicos adecuados, ya me enviaron el reglamento, seguramente en la semana estaremos sesionando en las comisiones Unidas de Reglamentos y de Contraloría y Combate a la Corrupción que en este caso a mí me toca presidir ambas”.

Las auditorías

El 27 de diciembre de 2021, durante la sexta sesión ordinaria el ayuntamiento, se dieron a conocer las irregularidades por más de 200 millones de pesos por parte de la administración 2018-2021 encabezada por Beatriz Hernández; por lo que con 13 votos a favor y dos abstenciones se aprobó enviar el informe al Congreso del Estado para su revisión por parte de la ASEG, posterior a ello en el mes de junio de 2022, se notificó en junio de 2022 sobre el inicio de la auditoría integral.

Aunado a ello, la ASEG investiga a Antonio Arredondo, alcalde en el periodo 2015-2018, por irregularidades en por lo menos 65 compras, contrataciones e inconsistencias en contratos por 184 millones de pesos.

Ante la incertidumbre por la prescripción de posibles responsabilidades a funcionarios de las dos anteriores administraciones locales, por las irregularidades detectadas e investigadas a través de la Auditoriía Superior del Estado de Guanajuato, el síndico Gerardo José Aguirre Cortez aclaró que dentro de una auditoría integral, la ley del estado contempla un periodo de hasta siete años para dar resolución a los procesos y, en su caso, fincar o no responsabilidades por afectaciones al erario público de más de 380 millones de pesos.

Las afectaciones al erario público serían de más de 380 millones de pesos.

“En términos de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos en el Estado de Guanajuato, la ley general habla de siete años, entonces no es tan sólo la fecha en que se dio el evento, sino en cuanto se presentó la situación, en cuanto se presentó todavía tenemos siete años”, refirió el funcionario, quien enfatizó que los procesos aún están en tiempo para fincar responsabilidades a los titulares de las dos anteriores administraciones municipales.

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En este sentido, explicó que la auditoría integral la está manejando directamente la Auditoría Superior del Estado y, en el caso de comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, no se ha recibido información en ningún sentido. “Pero ahorita, ya con el acercamiento que hay con el contralor, primero es darle certeza jurídica como órgano y que ellos hagan la rendición del informe al pleno del ayuntamiento para que toda la ciudadanía conozca el estatus de cada uno de las denuncias que fueron presentadas por los regidores del anterior ayuntamiento y que nos dé el avance de la propia auditoría integral”.

Asimismo, Aguirre Cortez dio a conocer que tras la restructuración de comisiones en el ayuntamiento asumió la titularidad de la comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción. “La semana pasada tuve la primera reunión en lo particular con el contralor, porque una de las cuestiones que más preocupa ahorita es que se actualice el reglamento de la Contraloría para que pueda tener la figura y los fundamentos jurídicos adecuados, ya me enviaron el reglamento, seguramente en la semana estaremos sesionando en las comisiones Unidas de Reglamentos y de Contraloría y Combate a la Corrupción que en este caso a mí me toca presidir ambas”.

Las auditorías

El 27 de diciembre de 2021, durante la sexta sesión ordinaria el ayuntamiento, se dieron a conocer las irregularidades por más de 200 millones de pesos por parte de la administración 2018-2021 encabezada por Beatriz Hernández; por lo que con 13 votos a favor y dos abstenciones se aprobó enviar el informe al Congreso del Estado para su revisión por parte de la ASEG, posterior a ello en el mes de junio de 2022, se notificó en junio de 2022 sobre el inicio de la auditoría integral.

Aunado a ello, la ASEG investiga a Antonio Arredondo, alcalde en el periodo 2015-2018, por irregularidades en por lo menos 65 compras, contrataciones e inconsistencias en contratos por 184 millones de pesos.

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