/ lunes 23 de mayo de 2022

César Prieto se ha encargado de sus gastos en materia de seguridad y transporte

A más de dos años de terminar su gestión Cesar Prieto renuncia a este derecho

El presidente municipal César Prieto dio a conocer que el acercamiento de la ex alcaldesa Beatriz Hernández, fue para solicitar su derecho marcado en el Articulo 37-1, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato que establece que aquel mandatario que solicite seguridad personal al finalizar su periodo de gestión será apoyado por el ente municipal de gobierno; mismo que a dos años y medio antes de terminar su gestión dijo rechazar el munícipe.


“Ella tiene un tema de un acuerdo de Ayuntamiento privado que se sesionó ante el Ayuntamiento pasado, es un tema respecto a un tema que ella tiene en lo personal, de seguridad es lo que vino a checar, no es nada de auditorías, ni un convivio, ni mucho menos, es un tema que obviamente que como Ayuntamiento tenemos que cumplir con ese acuerdo del Ayuntamiento anterior”, explicó el edil.

A pesar de solventarse con recursos públicos, el mandatario salmantino prefirió no profundizar respecto al pago o a la asignación del personal de seguridad, argumentando la sensibilidad del tema; “como es un tema de seguridad yo no quisiera comprometer porque es un tema de seguridad, ya en su momento que termine, después del 10 de octubre con todo gusto compartiré la información, no es que este en riesgo su vida, ni mucho menos, es un tema de llevar a cabo el acuerdo del Ayuntamiento que si se le está apoyando”.

Renuncia a derecho de manera anticipada

A 29 meses de concluir su gestión, César Prieto dijo renunciar a este derecho que de igual manera han solicitado algunos otros funcionarios como en su momento el ex alcalde y ahora diputado federal por el Distrito 08 Justino Arriaga Rojas. “Yo en mi caso renuncio también a ese derecho que se tiene y no porque diga que ellos hayan hecho cosas malas y que tengan que tener seguridad, pero yo en mi caso n lo voy a pedir”.

Incluso el presidente municipal puntualizó que los gastos en cuanto a su seguridad y transporte personal, no ha dirigido ningún recurso publico e inclusive elementos de policía, ante los pocos elementos con los que se cuenta, sin embargo, comentó que podrían sus escoltas ser ingresados como elementos de seguridad pública, para de esta manera contar con el apoyo municipal en este tema.

“Ningún cargo en tema de seguridad mía, incluso la gasolina la pago yo, en su momento estoy analizando las personas que me acompañan como escoltas vamos a ingresarlos al examen de confianza para que puedan ser elementos de la policía y a lo mejor ahí si me ayuda un poquito la administración para el pago de estas personas, porque si es una carga importante”, concluyó.

Establecido en la Ley

El articulo 37-1 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, refiere que el presidente y funcionario municipal tendrán derecho a protección y seguridad personal durante el tiempo de su encargo o al gozar de licencia, así como por un periodo de un año al cesar en sus funciones siempre y cuando no sea removido por una causa grave imputable a ellos.

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El presidente municipal César Prieto dio a conocer que el acercamiento de la ex alcaldesa Beatriz Hernández, fue para solicitar su derecho marcado en el Articulo 37-1, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato que establece que aquel mandatario que solicite seguridad personal al finalizar su periodo de gestión será apoyado por el ente municipal de gobierno; mismo que a dos años y medio antes de terminar su gestión dijo rechazar el munícipe.


“Ella tiene un tema de un acuerdo de Ayuntamiento privado que se sesionó ante el Ayuntamiento pasado, es un tema respecto a un tema que ella tiene en lo personal, de seguridad es lo que vino a checar, no es nada de auditorías, ni un convivio, ni mucho menos, es un tema que obviamente que como Ayuntamiento tenemos que cumplir con ese acuerdo del Ayuntamiento anterior”, explicó el edil.

A pesar de solventarse con recursos públicos, el mandatario salmantino prefirió no profundizar respecto al pago o a la asignación del personal de seguridad, argumentando la sensibilidad del tema; “como es un tema de seguridad yo no quisiera comprometer porque es un tema de seguridad, ya en su momento que termine, después del 10 de octubre con todo gusto compartiré la información, no es que este en riesgo su vida, ni mucho menos, es un tema de llevar a cabo el acuerdo del Ayuntamiento que si se le está apoyando”.

Renuncia a derecho de manera anticipada

A 29 meses de concluir su gestión, César Prieto dijo renunciar a este derecho que de igual manera han solicitado algunos otros funcionarios como en su momento el ex alcalde y ahora diputado federal por el Distrito 08 Justino Arriaga Rojas. “Yo en mi caso renuncio también a ese derecho que se tiene y no porque diga que ellos hayan hecho cosas malas y que tengan que tener seguridad, pero yo en mi caso n lo voy a pedir”.

Incluso el presidente municipal puntualizó que los gastos en cuanto a su seguridad y transporte personal, no ha dirigido ningún recurso publico e inclusive elementos de policía, ante los pocos elementos con los que se cuenta, sin embargo, comentó que podrían sus escoltas ser ingresados como elementos de seguridad pública, para de esta manera contar con el apoyo municipal en este tema.

“Ningún cargo en tema de seguridad mía, incluso la gasolina la pago yo, en su momento estoy analizando las personas que me acompañan como escoltas vamos a ingresarlos al examen de confianza para que puedan ser elementos de la policía y a lo mejor ahí si me ayuda un poquito la administración para el pago de estas personas, porque si es una carga importante”, concluyó.

Establecido en la Ley

El articulo 37-1 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, refiere que el presidente y funcionario municipal tendrán derecho a protección y seguridad personal durante el tiempo de su encargo o al gozar de licencia, así como por un periodo de un año al cesar en sus funciones siempre y cuando no sea removido por una causa grave imputable a ellos.

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