/ miércoles 8 de noviembre de 2023

El impacto negativo de la deuda pública en México: un engaño al pueblo

El debate que hubo hace unos días en el Senado sobre la Ley de Ingresos de la Federación es una ocasión crucial para reflexionar sobre las decisiones del Gobierno de México y el impacto negativo que la deuda pública está teniendo en nuestro país.

El presidente López Obrador llegó al poder con la promesa de no endeudar a México, pero la realidad nos muestra una historia muy diferente. En su búsqueda de financiamiento para proyectos y programas, el gobierno actual ha solicitado una cantidad significativa de deuda. Para el próximo periodo, el presidente solicitó autorización para tomar dos billones de pesos más en deuda, una cifra sin precedentes en la historia de México.

La deuda pública no es intrínsecamente mala, siempre y cuando se utilice de manera responsable y estratégica. Sin embargo, el problema radica en cómo se está gestionando y en la falta de transparencia en el uso de los recursos. El gobierno actual ha endeudado al país a niveles nunca antes vistos, superando incluso a los gobiernos neoliberales, que tanto criticaba. Esto plantea muchas interrogantes sobre su capacidad para administrar las finanzas públicas de manera eficiente y responsable.

Uno de los mayores problemas con esta deuda es que, en última instancia, la pagarán los ciudadanos. El monto acumulado de la deuda pública para el final del sexenio es de casi 17 billones de pesos, que se traduce en una carga financiera significativa para las futuras generaciones: cada mexicano, desde los recién nacidos hasta los adultos, estará debiendo aproximadamente 126 mil pesos.

Además de la preocupación por la cantidad de deuda, es fundamental cuestionar el destino de estos recursos. El Gobierno Federal prometió grandes proyectos de infraestructura que han aumentado significativamente su costo desde su anuncio inicial, como el Tren Maya, que dijeron costaría 150 mil millones y ya va en 500 mil millones, y la Refinería de Dos Bocas, que costaría ocho mil millones de pesos y ya va en 15 mil millones. La falta de transparencia en la ejecución de estos proyectos y la sospecha de corrupción plantean serias dudas sobre la gestión de los recursos públicos.

Otro aspecto inquietante es la falta de realismo en las proyecciones económicas. La Ley de Ingresos actual se basa en suposiciones de crecimiento que no reflejan la realidad económica. El gobierno asume un crecimiento de 3.5%, a pesar de que no existen condiciones internas ni externas que respalden esta cifra; la realidad es que apenas hemos crecido un 1%. La falta de precisión en estas proyecciones puede generar expectativas muy poco realistas y afectar la confianza de los inversionistas y el mercado.

Por supuesto, existen alternativas que el gobierno podría considerar para abordar la situación de la deuda pública y promover un manejo financiero más responsable.

1. Verdadera austeridad y eficiencia en el gasto público: Reducir el gasto superfluo y mejorar la eficiencia en la asignación de recursos.

2. Priorización de proyectos estratégicos: En lugar de embarcarse en múltiples proyectos de infraestructura de gran envergadura, enfocarse en aquellos que son verdaderamente prioritarios y estratégicos para el desarrollo del país.

3. Incremento de la recaudación de impuestos: Para reducir la dependencia de la deuda, el gobierno debería explorar opciones para aumentar los ingresos fiscales de manera justa y equitativa. Esto podría incluir la revisión de exenciones fiscales y la lucha contra la evasión fiscal de las grandes empresas.

4. Fomento de la inversión privada: Buscar asociaciones público-privadas (APP) para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo. Esto permitiría compartir los riesgos y los costos con el sector privado y aliviar la presión sobre las finanzas públicas.

Es esencial que el gobierno trabaje en estrecha colaboración con todas las partes interesadas para garantizar que las decisiones financieras se tomen de manera responsable y considerando las opiniones de diferentes sectores de la sociedad. Se debe adoptar un enfoque equilibrado, que combine la gestión de las finanzas públicas con el impulso del desarrollo y el crecimiento económico.

Somos millones quienes creemos que México es enorme. Soy Erandi Bermúdez y les escribo desde Guanajuato, nuestro Guanajuato Ganador.


Erandi Bermúdez

Senador de la República

@ErandiBermudez

El debate que hubo hace unos días en el Senado sobre la Ley de Ingresos de la Federación es una ocasión crucial para reflexionar sobre las decisiones del Gobierno de México y el impacto negativo que la deuda pública está teniendo en nuestro país.

El presidente López Obrador llegó al poder con la promesa de no endeudar a México, pero la realidad nos muestra una historia muy diferente. En su búsqueda de financiamiento para proyectos y programas, el gobierno actual ha solicitado una cantidad significativa de deuda. Para el próximo periodo, el presidente solicitó autorización para tomar dos billones de pesos más en deuda, una cifra sin precedentes en la historia de México.

La deuda pública no es intrínsecamente mala, siempre y cuando se utilice de manera responsable y estratégica. Sin embargo, el problema radica en cómo se está gestionando y en la falta de transparencia en el uso de los recursos. El gobierno actual ha endeudado al país a niveles nunca antes vistos, superando incluso a los gobiernos neoliberales, que tanto criticaba. Esto plantea muchas interrogantes sobre su capacidad para administrar las finanzas públicas de manera eficiente y responsable.

Uno de los mayores problemas con esta deuda es que, en última instancia, la pagarán los ciudadanos. El monto acumulado de la deuda pública para el final del sexenio es de casi 17 billones de pesos, que se traduce en una carga financiera significativa para las futuras generaciones: cada mexicano, desde los recién nacidos hasta los adultos, estará debiendo aproximadamente 126 mil pesos.

Además de la preocupación por la cantidad de deuda, es fundamental cuestionar el destino de estos recursos. El Gobierno Federal prometió grandes proyectos de infraestructura que han aumentado significativamente su costo desde su anuncio inicial, como el Tren Maya, que dijeron costaría 150 mil millones y ya va en 500 mil millones, y la Refinería de Dos Bocas, que costaría ocho mil millones de pesos y ya va en 15 mil millones. La falta de transparencia en la ejecución de estos proyectos y la sospecha de corrupción plantean serias dudas sobre la gestión de los recursos públicos.

Otro aspecto inquietante es la falta de realismo en las proyecciones económicas. La Ley de Ingresos actual se basa en suposiciones de crecimiento que no reflejan la realidad económica. El gobierno asume un crecimiento de 3.5%, a pesar de que no existen condiciones internas ni externas que respalden esta cifra; la realidad es que apenas hemos crecido un 1%. La falta de precisión en estas proyecciones puede generar expectativas muy poco realistas y afectar la confianza de los inversionistas y el mercado.

Por supuesto, existen alternativas que el gobierno podría considerar para abordar la situación de la deuda pública y promover un manejo financiero más responsable.

1. Verdadera austeridad y eficiencia en el gasto público: Reducir el gasto superfluo y mejorar la eficiencia en la asignación de recursos.

2. Priorización de proyectos estratégicos: En lugar de embarcarse en múltiples proyectos de infraestructura de gran envergadura, enfocarse en aquellos que son verdaderamente prioritarios y estratégicos para el desarrollo del país.

3. Incremento de la recaudación de impuestos: Para reducir la dependencia de la deuda, el gobierno debería explorar opciones para aumentar los ingresos fiscales de manera justa y equitativa. Esto podría incluir la revisión de exenciones fiscales y la lucha contra la evasión fiscal de las grandes empresas.

4. Fomento de la inversión privada: Buscar asociaciones público-privadas (APP) para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo. Esto permitiría compartir los riesgos y los costos con el sector privado y aliviar la presión sobre las finanzas públicas.

Es esencial que el gobierno trabaje en estrecha colaboración con todas las partes interesadas para garantizar que las decisiones financieras se tomen de manera responsable y considerando las opiniones de diferentes sectores de la sociedad. Se debe adoptar un enfoque equilibrado, que combine la gestión de las finanzas públicas con el impulso del desarrollo y el crecimiento económico.

Somos millones quienes creemos que México es enorme. Soy Erandi Bermúdez y les escribo desde Guanajuato, nuestro Guanajuato Ganador.


Erandi Bermúdez

Senador de la República

@ErandiBermudez