La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una serie de recomendaciones sobre la prevención de la trata de personas en los campos agrícolas.
Entre las recomendaciones están que el gobierno ratifique el “Protocolo de 2014 relativo al convenio sobre el trabajo forzoso de 1930” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), elaborar protocolos de prevención locales y federal, y establecer metas e indicadores de cumplimiento.
También aumentar la presencia de autoridades laborales en Comisiones Intersecretariales de trata de personas, capacitar a los inspectores del trabajo y elaborar estudios estatales y regionales para mejorar la calidad de la información en la materia.
El ombudsman nacional Luis Raúl González expuso que es importante revisar el origen de los alimentos para estar seguros de que en su producción no hay trata de personas, pues a veces se usa trabajo esclavo.
El presidente de la CNDH recordó que a raíz de múltiples notas periodísticas que derivaron en las recomendaciones 70/2016 y 28/2017 se decidió emprender el “Estudio sobre la intervención de las autoridades del trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas”.
La investigación abarca a las autoridades federales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las 32 autoridades laborales de los estados, cuyos resultados, insistió, muestran grados distintos de compromiso en la material.
Recordó que la trata de personas puede encontrarse en condiciones de trabajo forzado e incluso de esclavitud, que en ocasiones se presenta en el trabajo de jornaleros agrícolas, por lo que es importante ver a este problema no sólo como un asunto penal sino también económico.
Destacó que, en su mayoría, las entidades contestaron las solicitudes de información que planteó la Comisión, algunas de ellas genéricamente, pero Querétaro, Tabasco y Michoacán no la proporcionaron.
Como datos relevantes del estudio, de las 33 autoridades consultadas, sólo 21 realizaron acciones para prevenir posibles casos de trata de personas en centros de trabajo.
En seis entidades federativas que se señalaron como omisas, por no responder o no tener acciones, se concentra el 32.1 por ciento de las personas ocupadas como trabajadores y trabajadoras agrícolas: Puebla, Michoacán, Estado de México, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas.
