/ jueves 4 de marzo de 2021

En México, seis de cada 10 denuncias son remitidas al archivo temporal: IMCO

El archivo temporal también es conocido como una “congeladora legal”, donde los casos son enviados para esperar su prescripción

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que en México seis de cada 10 casos, después de la respectiva denuncia, son remitidos al archivo temporal, figura jurídica cuyo uso generalizado se ha traducido en una “congeladora legal”, donde los casos son enviados para esperar su prescripción.

De acuerdo con el Instituto, este mecanismo utilizado por las fiscalías “disimula la ineficiencia de la labor de las mismas, el rezago de expedientes, y la congestión en sede ministerial”, según datos de su estudio “Nueve años de ocurrencias en justicia penal: evidencias para entender las crisis de impunidad” en el estado de Morelos.

La explicación se desprende del seminario “Acciones para el fortalecimiento de la justicia penal en México”, realizado en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde especialistas del Sistema de Justicia Penal, para dar seguimiento a estos hallazgos, expusieron sus respectivas perspectivas y propuestas para la mejora de la procuración de justicia y evitar la impunidad.

A través de un caso que relata el día a día de las instancias de procuración de justicia en México, los especialistas hablaron de Rosa, una mujer trabajadora de ventas en línea que fue despojada de sus pertenencias en una parada de autobús. Dicha mujer, al acudir a la Agencia del Ministerio Público (MP) para denunciar el hecho fue revictimizada por el agente ministerial.

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“Lo que sucedió a Rosa, es la experiencia general de las víctimas. En 2018, del total de delitos que se estima ocurrieron, sólo el 10.6 por ciento de estos fue denunciado y menos de la mitad tuvo algún resultado. La percepción de las víctimas en un 60%, es que denunciar es una pérdida de tiempo y que no se obtienen resultados. A ello, hay que sumar que usualmente en el proceso de denuncia se exige que comprueben la veracidad del hecho sufrido, problemática que se acentúa para las víctimas indirectas y que representa una violación a sus derechos humanos.”, indicaron.

Luego de mes y medio de insistencia, explicaron, Rosa pidió ver su carpeta de investigación donde descubrió que su caso se remitía al “archivo temporal” lo que le fue explicado como que su caso “ya no sería investigado”.

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Lo anterior da cuenta de la necesidad de dotar de capacidades a los operadores del sistema justicia para atender a las víctimas, donde “es evidente que, sin acompañamiento jurídico de un experto, la atención a las víctimas en las instancias de justicia, se ven disminuidas”, indicaron.

Ante este panorama, y para mejorar el sistema de justicia penal, los expertos coincidieron en que son necesarios varios ajustes que generen resultados para la población, posibles a través de políticas públicas integrales que consideren la coordinación interinstitucional y la inversión estratégica del presupuesto, tales como planes de investigación de delitos de alto impacto, fortalecimiento del MP en labores de investigación, así como reglamentar el uso del archivo temporal restringiéndolo en delitos de alto impacto, entre otras.




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El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que en México seis de cada 10 casos, después de la respectiva denuncia, son remitidos al archivo temporal, figura jurídica cuyo uso generalizado se ha traducido en una “congeladora legal”, donde los casos son enviados para esperar su prescripción.

De acuerdo con el Instituto, este mecanismo utilizado por las fiscalías “disimula la ineficiencia de la labor de las mismas, el rezago de expedientes, y la congestión en sede ministerial”, según datos de su estudio “Nueve años de ocurrencias en justicia penal: evidencias para entender las crisis de impunidad” en el estado de Morelos.

La explicación se desprende del seminario “Acciones para el fortalecimiento de la justicia penal en México”, realizado en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde especialistas del Sistema de Justicia Penal, para dar seguimiento a estos hallazgos, expusieron sus respectivas perspectivas y propuestas para la mejora de la procuración de justicia y evitar la impunidad.

A través de un caso que relata el día a día de las instancias de procuración de justicia en México, los especialistas hablaron de Rosa, una mujer trabajadora de ventas en línea que fue despojada de sus pertenencias en una parada de autobús. Dicha mujer, al acudir a la Agencia del Ministerio Público (MP) para denunciar el hecho fue revictimizada por el agente ministerial.

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“Lo que sucedió a Rosa, es la experiencia general de las víctimas. En 2018, del total de delitos que se estima ocurrieron, sólo el 10.6 por ciento de estos fue denunciado y menos de la mitad tuvo algún resultado. La percepción de las víctimas en un 60%, es que denunciar es una pérdida de tiempo y que no se obtienen resultados. A ello, hay que sumar que usualmente en el proceso de denuncia se exige que comprueben la veracidad del hecho sufrido, problemática que se acentúa para las víctimas indirectas y que representa una violación a sus derechos humanos.”, indicaron.

Luego de mes y medio de insistencia, explicaron, Rosa pidió ver su carpeta de investigación donde descubrió que su caso se remitía al “archivo temporal” lo que le fue explicado como que su caso “ya no sería investigado”.

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Lo anterior da cuenta de la necesidad de dotar de capacidades a los operadores del sistema justicia para atender a las víctimas, donde “es evidente que, sin acompañamiento jurídico de un experto, la atención a las víctimas en las instancias de justicia, se ven disminuidas”, indicaron.

Ante este panorama, y para mejorar el sistema de justicia penal, los expertos coincidieron en que son necesarios varios ajustes que generen resultados para la población, posibles a través de políticas públicas integrales que consideren la coordinación interinstitucional y la inversión estratégica del presupuesto, tales como planes de investigación de delitos de alto impacto, fortalecimiento del MP en labores de investigación, así como reglamentar el uso del archivo temporal restringiéndolo en delitos de alto impacto, entre otras.




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