Los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política suscribieron la iniciativa de decreto que establece los montos máximos o rangos de adjudicación para la contratación de la obra pública municipal, en sus modalidades de adjudicación directa y licitación simplificada, para el ejercicio fiscal de 2019.

La propuesta legal será enlistada en el orden del día de la sesión respectiva para que se le dé el trámite legislativo correspondiente.

En este sentido, el presidente de la JGyCP, J. Jesús Oviedo Herrera manifestó que el año pasado fueron modificados los grupos de una manera de que fuera más objetiva en función de sus habitantes y por lo tanto de sus presupuestos.

Con ello, el grupo A que son municipios que tienen hasta 25 mil habitantes, la adjudicación directa va hasta 936 mil pesos y a partir de ahí se hace licitación simplificada de 936 mil pesos, hasta un millón 560 mil pesos.

Del grupo B, que son municipios que van de 25 mil a 100 mil habitantes, se tiene la adjudicación directa hasta un millón 560 mil pesos y la licitación simplificada pasa de un millón 560 mil pesos, a 2 millones 600 mil pesos.

Mientras tanto, el grupo C, son de todos los municipios que estén por encima de los 100 mil habitantes y la adjudicación directa pasa a 2 millones 600 mil pesos y la licitación simplificada pasa de dos millones 600 mil pesos, hasta 4 millones 600 mil pesos.

Asimismo, se designaron a las y los legisladores que serán miembros de los diversos consejos estatales en los que el Poder Legislativo tiene participación.

Finalmente, en el apartado de asuntos generales, se abordó la propuesta para suscribir un convenio de colaboración con la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato (CODE), a fin de fomentar a activación física de los colaboradores del Congreso del Estado, a través de diversos programas.

Analizan posibilidad de traductor

En el apartado de asuntos generales que fueron tratados en la reunión de la JGyCP, a propuesta de la diputada del Verde Ecologista, Vanessa Sánchez Cordero, se analizará la necesidad de contar con un traductor de señas de todas las sesiones del Congreso, no solo en los actos protocolarios.