IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). En diciembre de 2020, el rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, consideraba que las fuerzas armadas no deberían ser involucradas en operativos de seguridad pública, pues ello las exponía a dos riesgos: que pudieran sucumbir a la corrupción, o bien, a ser protagonistas de violaciones a los derechos humanos; año y medio después, sigue pensando lo mismo, máxime cuando un elemento de la Marina y que fue asignado a la Guardia Nacional asesinó a un joven estudiante de la universidad que dirige, sólo por presuntamente haberlo confundido durante un operativo de rutina con un presunto delincuente.
En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Luis Felipe Guerrero Agripino dijo que el tema del asesinato de Ángel Yael, estudiante de la carrera de Agronomía de la División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato, aún no ha sido olvidado y el caso sigue su curso, pues continúan con la asesoría jurídica para la familia del joven estudiante, ya que aún están a la espera de la resolución de las dos impugnaciones que hicieron ante las determinaciones del juez que llevó el asunto.
“Esto está en proceso y como universidad seguiremos brindando apoyo a las personas afectadas, a la familia de Ángel, y por otro lado estamos pendientes del proceso como asesores de las víctimas y no hay que perder de vista que hemos impugnado desde esa calidad dos resoluciones del juez, estamos en espera para ver qué se resuelve”, dijo el rector de la Universidad de Guanajuato.
No obstante, Luis Felipe Guerrero Agripino señaló que todo esto también abonó a la discusión sobre la pertinencia de continuar con el envío de más militares a las calles, algo que en su momento trató en fotos académicos y hoy, dadas las circunstancias, tiene más elementos para seguir sosteniendo que no ha sido la mejor decisión el encomendar labores de seguridad pública a las fuerzas armadas.
“Nosotros publicamos un libro con varios doctores y hablamos del riesgo, del peligro que es cuando no se tiene claridad en la política criminal y se instrumentan las fuerzas armadas para funciones de seguridad pública”, recordó Luis Felipe Guerrero Agripino, quien desde hace una década ha sido un crítico en torno a la militarización.
En el libro titulado “Orientaciones para una política criminal integral en el sistema mexicano. Hacia el restablecimiento del Estado de Derecho y de una cultura de paz”, en el cual Guerrero Agripino fungió como coordinador de los textos publicados, quedó establecida parte de la postura que el rector de la Universidad de Guanajuato ha manifestado y que aún defiende desde el plano académico sobre los riesgos de la militarización del país.
“El nivel de institucionalidad y compromiso de las fuerzas armadas no está en duda, han sido garantes de la estabilidad democrática del país al mantener su lealtad al liderazgo civil; poseen, además, un alto nivel de confianza de la ciudadanía. Es destacable su capacidad táctica, ética, logística, de inteligencia y de fuerza, así como la importancia de que las fuerzas armadas sean el principal componente del Sistema Nacional de Protección Civil de manera vinculada con el Plan DNIII-E.
“Pese a lo anterior, nos encontramos ante un fenómeno de militarización expandido a todos los campos de la seguridad.
“Lo anterior es preocupante. Se sostiene bajo el argumento de que la criminalidad organizada representa una amenaza para la seguridad nacional, asimismo, en que las corporaciones policiales no tienen la capacidad para hacer frente a este gran problema nacional debido a su debilidad (…) Las fuerzas armadas, sin embargo, no fueron creadas para estos propósitos. Su formación está destinada a ejecutar funciones distintas. Involucrarlas en asuntos operativos de seguridad interior o pública las expone a la corrupción y a la violación de derechos humanos”, advertía en ese entonces Luis Felipe Guerrero Agripino en ese libro que le tocó coordinar y que fue publicada su primera versión digital en diciembre de 2020.
Hoy Luis Felipe Guerrero Agripino sigue pensando lo mismo: la militarización no es la solución y la propuesta que quedó plasmada en la página 59 de ese libro de 2020, también actualmente la sigue defendiendo: “es elemental que las fuerzas armadas no intervengan en la parte operativa, sino únicamente en ámbitos como información de inteligencia y diseño estratégico operativo, sin involucrarse en la parte de ejecución”.
Por lo pronto, la Universidad de Guanajuato no ha olvidado a Ángel Yael y la exigencia de justicia y defensa de su caso lo harán desde dos vías: la jurídica, que sigue su curso, pero también desde la académica, para dejar constancia que la política criminal llevada a cabo en el país no ha sido la correcta.
