Tras la aprobación de la Cámara de Diputados del dictamen para reformar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que prohíbe a cualquier persona conductora o pasajera menor de 12 años viajar en motocicleta. El director de general de Movilidad en Salamanca, Daniel Pérez Sequera, indicó que a nivel municipal se necesita mucho trabajo para la educación vial para hacer respetar el Reglamento de Vialidad.
“En nuestra propuesta para la modificación del reglamento, tenemos contemplada esta acción”, señaló el director general de Movilidad y Tránsito Municipal, Luis Daniel Pérez Sequera, ante la aprobación llevada a cabo por parte de la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril.
En este sentido, la diputada Georgina Gómez Madrigal indicó que el dictamen reconoce la vulnerabilidad de los menores de edad frente a los accidentes de tránsito, por lo que es necesario establecer una acción afirmativa por parte del estado, para garantizar las condiciones de seguridad vial.
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Ante ello, en el tema local el funcionario de Tránsito y Movilidad indicó que este tipo de aprobaciones son de suma importancia y además ayudará a que la ciudadanía respete las leyes y reglamentos establecidos en el reglamento de vialidad.
“Son acciones muy buenas. Pero hay que trabajar mucho en la educación vial, eso es crucial para respetar las leyes y los reglamentos”, enfatizó.
El proyecto de decreto que se avaló con 409 votos a favor y 25 en contra, contempla una propuesta de modificación, a fin de establecer la prohibición a menores de 12 años a viajar en motocicleta.
De acuerdo a las cifras que se tienen en el ámbito municipal, en el año 2023, se presentó una disminución en la accidentabilidad a comparación del 2022. Siendo en el año pasado un total de 101 accidentes vehiculares, tan sólo en el primer semestre, siendo la principal causa el manejar a exceso de velocidad.
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En este sentido, cuatro de diez conductores de motocicletas son los que hacen uso de las medidas de protección como lo es el casco, coderas y rodilleras. El decreto que se remitió al Senado señala que las legislaturas estatales deberán de adecuar su legislación en un plazo máximo de 150 días hábiles.
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