León, Gto. La empresa Botas Safari, en un comunicado aclaró que ninguna persona ni camioneta relacionado con ellos, está involucrada con el homicidio de Enrique Sosa Martínez, camarógrafo jubilado de TV4 que murió al ser atropellado de manera intencional por el cliente de un restaurante.
En el documento firmado por el abogado laboralista, Victor Hugo Rosales Espinoza, comentó respecto a los hechos ocurridos durante la tarde del martes 19 de julio en la colonia La Martinica y de los días posteriores al lamentable incidente que concluyó con el fallecimiento por atropello.
➡ Suscríbete a nuestra edición digital
Y es que el presunto responsable identificado como Miguel Ángel “N”, es señalado como "dueño" de las Botas Safari, por lo que la empresa se deslindó de tal situación y que no tienen absolutamente nada que ver con ellos.
“Asimismo, ni la camioneta utilizada, ni la persona agresora tienen vinculación alguna con la empresa Botas Safari”, refiere en la postura ofrecida a editorialistas, periodistas y encargados de redes sociales.
En la postura, la empresa transmitió el pesar por lo acontecido, remitiendo a la familia Sosa Martínez sus más sinceras condolencias por el acto criminal que quedó evidenciado con las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento ubicado sobre la Calzada de los Héroes y la esquina de la calle Pampas.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó la tarde del viernes que ya había avances de investigación en tordo al asesinato del camarógrafo Enrique, quien trabajaba en el área de estacionamiento del restaurante, realizando actividades de recepción, acomodo y entrega de vehículos.
Dada la sensibilidad e impacto social del caso, la institución señaló que ya hay avances significativos, pero ni siquiera ofreció el nombre del presunto responsable, dada la situación que se rige conforme a derecho penal con pesquisas que fortalecen la teoría del caso y dan formal certeza sobre la mecánica de los hechos, conforme al estándar y reglas que rigen en materia penal, a fin de otorgar la consecución legalmente procedente por parte de la autoridad ministerial.