El miércoles próximo -8 de noviembre- “sí no sucede algo milagroso”, van a ejecutar a Rubén Ramírez Cárdenas, en Texas, manifestó el subsecretario para América del Norte, Carlos Sada Solana, quien comentó que en la Secretaría de Relaciones Exteriores “se hacen esfuerzos por parte de los abogados y defensas que tenemos. Los van sacando de la pena de muerte y entran a un procedimiento de cadena perpetua. Los tenemos que defender hasta el último momento”, confió el diplomático.
El Departamento de Justicia Criminal de Texas, programó esta ejecución mediante una inyección letal. El mexicano oriundo de Irapuato, Guanajuato está condenado por violación y homicidio de su prima Mayra Laguna de 16 años, hechos ocurridos el 22 de febrero de 1997 en Edimburg, Texas.
Será en la prisión de alta seguridad, en Livingston, Texas, esta primera ejecución en la administración del gobernador Greg Abbott.
Todavía, en agosto pasado, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez hizo esfuerzos por conseguir el indulto ante su homólogo, el gobernador de Texas y solicitó pruebas genéticas de ADN como prueba para acreditar la inocencia de Ramírez Cárdenas. Esta petición se formalizó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Además, el Instituto de Atención al Migrante Guanajuatense sostuvo varias reuniones con el embajador Jacob Prado, director general de Protección a Migrantes en el Extranjero para pedir al gobierno texano agotarse todos los recursos en defensa de Rubén Ramírez.
Ramírez Cárdenas, de 47 años, es uno de los 51 mexicanos condenados a muerte en los Estados Unidos, cuyos casos ordenó revisar la Corte Internacional de Justicia de La Haya en la sentencia conocida como Fallo Avena, porque se les violó su derecho de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, a solicitar asistencia legal a su país tras su detención.
Pero desde 2004, en Texas se han ejecutado a 4 de estos mexicanos en franca violación al Fallo Avena. Los últimos fueron Edgar Tamayo y Ramiro Hernández, en el 2014.
Actualmente, 153 mexicanos enfrentan la pena capital en los Estados Unidos. A todos, la Cancillería les brinda asistencia consular.
De acuerdo al Programa de Asistencia Jurídica a través de asesores legales exteriores en los Estados Unidos, se atienden 3 mil 400 casos. El año pasado se evitó la sentencia de pena de muerte a 32 de 185 mexicanos a través de asistencia jurídica de casos de pena capital.
Todavía, el pasado 10 de octubre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reiteró su petición al gobernador Greg Abbott y a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de ese Estado para que se conmute la pena capital contra Rubén Ramírez Cárdenas por otra sentencia de prisión.
“La CNDH no se opone a la imposición de penas, sino se pronuncia porque dichas acciones se realicen dentro del Sistema Internacional de Derechos Humanos, al cual nuestro sistema jurídico se acoge. La pena de muerte es una medida que no garantiza la impartición de justicia”, precisa el organismo.
En la misma prisión de Livingston, en Texas se encuentran otros 10 mexicanos condenados a la pena capital.
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