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Legisladores republicanos del Congreso de Arizona presentaron una iniciativa que permite el uso de fuerza letal contra cualquier persona que “invada un terreno, propiedad o casa ajena”, en un contexto de aumento del flujo migratorio en ese estado.
La Cámara Baja estatal, controlada por los republicanos, buscan modificar una ley denominada “doctrina Castle” que permite actualmente que un terrateniente pueda matar a cualquier persona que invada la propiedad privada, sin embargo, la modificación denominada “norma House Bill 2843 expandería ese derecho no solo a la propiedad o casa ajena, sino también a los terrenos que pertenezcan a un terrateniente.
Si la iniciativa fuera aprobada, los dueños de un terreno podrían asesinar a cualquier persona que pase por ellos aunque no exista una intención delictuosa.
La norma ha causado polémica debido a que va dirigida al flujo migratorio que ha ido en aumento durante la administración Biden, siendo Arizona un estado fronterizo con México donde a diario cruzan cientos de migrantes a pie para alcanzar el “sueño americano”.
La gobernadora del Estado, la demócrata Katie Hobbs, prometió que vetará la ley si el Senado local aprueba la iniciativa.
Previo a la presentación de la “norma House Bill 2843”, el legislador republicano Justin Heap, quien encabezó la propuesta, mencionó “si un granjero es propietario de un rancho de cuatro mil hectáreas, quizá su casa está a dos kilómetros de donde él está, pero si ve alguien en su propiedad, ¿puede acercarse a él y expulsarlo de su propiedad? Propongo una enmienda para poder corregir esto”.
Heap mencionó que el “objetivo de su propuesta era corregir un vacío de la norma que ha llevado a un creciente número de inmigrantes y traficantes de personas que están moviéndose por ranchos y granjas”.
Arizona cuenta con una serie de medidas antimigratorias, una de las más polémicas es la Ley SB1231, que proporciona facultades a las autoridades estatales de detener a cualquier persona si duda sobre su estatus migratorio.
El estado se suma a Texas y Florida en penalizar la movilidad humana dentro de sus territorios, dos estados conservadores que han expuesto varias medidas antimigratorias.
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