Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), rechazó que ella y los integrantes de su gabinete de seguridad tengan algún vínculo con el crimen organizado como, acusó, ocurrió en otros gobiernos.
Al comparecer ante la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados como parte de la Glosa del IV Informe de Gobierno, la funcionaria subrayó que, al no estar coludidos con quienes azotan con violencia diversas regiones del país, los ciudadanos pueden confiar en la estrategia de seguridad que se implementa desde la secretaría que dirige.
“La diferencia con otros, y no quiero personalizar, es que no tenemos vínculos, no tenemos un compromiso con un grupo delictivo y eso es fundamental”, sostuvo.
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Aunque la funcionaria no enlistó a los gobiernos donde los integrantes del gabinete de seguridad tenían vínculos con el crimen, los diputados de Morena nombraron a Genaro García Luna, quien ostentaba el cargo de Rosa Icela Rodríguez durante el sexenio de Felipe Calderón, que enfrenta un juicio por narcotráfico en Estados Unidos.
“Es de verdad no tener calidad moral el venir aquí a exponer o a decir. Yo le digo a los panistas, si su estrategia de seguridad hubiera resultado beneficiosa para el país algo les tomáramos pero como tener en frente a un delincuente que está siendo procesado en los Estados Unidos y que, por Dios, a nosotros que nos pueden venir a decir”, dijo Juan Pablo Sánchez de Morena.
Rosa Icela Rodríguez también defendió su gestión al frente de la SSPC y ante las críticas de diputados de oposición - que incluso escalaron a pedir su renuncia con un documento que el legislador José Antonio García, del PAN, le pidió firmar- de que la estrategia de seguridad no ha alcanzado las expectativas, puntualizó que en ningún momento han afirmado que se erradicó la violencia sino que los índices delictivos van a la baja.
La funcionaria presumió que de diciembre de 2018 al 30 de diciembre de 2022 se han detenido a 66 mil 452 integrantes de bandas delictivas, incluidos seis mil 423 de organizaciones criminales y de los cuales dos mil 459 eran objetivos prioritarios.
Se desmantelaron mil 166 laboratorios clandestinos, se aseguraron 34 mil 357 armas de fuego, 17.5 millones de cartuchos, dos mil 400 granadas, 5.8 toneladas de fentanilo, 176.8 toneladas de metanfetamina, 104.4 toneladas de cocaína, 1.4 toneladas de heroína, se erradicaron más de 47 mil 844 hectáreas de amapola y siete mil 866 de mariguana; todas estas acciones, dijo, provocaron pérdidas económicas al crimen organizado por 35 mil millones de dólares.
Rodríguez también destacó la reducción de la incidencia delictiva en el fuero federal, entre ellos el secuestro que registró un descenso del 68.1 por ciento en octubre de 2022, en comparación con el máximo histórico registrado, y la detención de cuatro mil 700 personas vinculadas a este delito de junio de 2019 a octubre de 2022, además de la desarticulación de 536 bandas y el rescate de dos mil víctimas.
La funcionaria refirió que los resultados pueden comprobarlos los legisladores de oposición “con sus vecinos y familiares”, sin embargo, aun con los índices que presentó, reconoció que en el delito de extorsión, que incluye el cobro de piso, no han tenido el éxito esperado por la laxitud de las sanciones por este delito.
“En atención al delito (ojalá) se pueda aprobar que la extorsión sea un delito grave, que pudieran frente al cobro de piso, frente a la extorsión que no siguiéramos nosotros porque las policías, las fuerzas armadas detienen a los extorsionadores y salen, el cobro de piso sale porque no está tipificado como un delito grave”, sostuvo.
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La diputada Edna Aceves, del PRD, refrendó la disposición de la Cámara de Diputados para tipificar a la extorsión como delito grave.
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