Señalan a militares por desaparición de dos miembros del Ejército Popular Revolucionario

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que miembros del Ejército mexicano y policías de Oaxaca fueron los responsables de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

De esta manera el Máximo Tribunal del país ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de Búsqueda dar con el paradero de los dos ciudadanos desaparecidos desde el 2007.

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El proyecto de sentencia, elaborado por la ministra Ríos Farjat, señala que el Ejército y policías del estado de Oaxaca son los responsables de desaparecer a los integrantes del EPR luego de que fueron detenidos el 24 de mayo de 2007 en el centro de Oaxaca, por lo que puso un plazo de 30 días para que las autoridades integren una Comisión Especial de Búsqueda.

Para llevar a cabo esta acción la Suprema Corte también ordenó a la Sedena permitir el ingreso de la Comisión a sus instalaciones militares, debido a que lo último que se supo de Reyes y Cruz fue que presuntamente los trasladaron al Campo Militar Número Uno, en la Ciudad de México.

De esta manera el proyecto de resolución del amparo en revisión 51/2020 ratificó la sentencia original en favor de los familiares de ambos ciudadanos desaparecidos en la que también se ordenó la creación de la Comisión.

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En una primera instancia, la ministra Ríos Farjat propuso ratificar la sentencia original y devolver el asunto a un Tribunal Colegiado, pero debido a que esta propuesta fue criticada por la defensa legal y por familiares de los desaparecidos es que la ministra modificó su proyecto añadiendo obligaciones concretas para todas las dependencias.

Entre estas obligaciones está que la FGR deberá publicar en su sitio de internet los avances de la investigación y las pruebas que obtengan dentro de la carpeta de investigación del asunto para así llegar al fondo del caso y garantizar la reparación integral del daño.

Sobre este caso el día de ayer la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoció el proyecto de la ministra Ríos Farjat al considerar que este “retoma los estándares internacionales en la materia”.

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En su informe de misión en México el organismo recomendó que el conjunto de las instituciones encargadas de la justicia del país “deben poner fin a las prácticas que obstaculizan el acceso a la justicia y perpetúan a la desaparición forzada como el paradigma del crimen perfecto”, por lo que reconoció el alcance de la sentencia.

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