En un operativo durante la madrugada del viernes, un grupo de elementos especiales procedentes de la Ciudad de México llevó a cabo la revisión de varios domicilios y detuvo al teniente en retiro y exsecretario de Seguridad en el estado de Guerrero, Leonardo Octavio N.
Al exteniente lo acusan de delincuencia organizada por estar presuntamente relacionado con el grupo criminal Guerreros Unidos, vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
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A pesar de que el operativo se realizó en Nayarit, el gobierno estatal y las Fuerzas Armadas en la entidad aseguraron que fueron notificadas sobre el despliegue en la zona para detener al teniente.
La captura fue reportada a las 4:00 de la madrugada del viernes y se esperaba que fuera trasladado a la capital del país durante el transcurso del sábado, aunque se desconocía si se realizó o no.
En 2013, Leonardo Octavio N también fue señalado de recibir sobornos del cártel dirigido por los hermanos Beltrán Leyva. Estaba ya en retiro del Ejército y se había mudado a Nayarit, donde permanecía oculto hasta ahora que fue capturado.
Hace unas semanas, un Juez Segundo de Procesos Penales en el Estado de México, con sede en Toluca, giró 83 órdenes de aprehensión por su presunta participación u omisión en el caso Ayotzinapa.
Las órdenes alcanzaron a 20 mandos militares y a personal de tropa adscritos a los batallones 27 y 41 de la Secretaría de Defensa Nacional, aunque después fueron desestimadas 16.
También se incluyeron a 26 elementos de las policías municipales de Huitzuco, seis de Iguala y uno Cocula, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales, 11 policías del estado de Guerrero y 14 presuntos integrantes de Guerreros Unidos.
De ellas han sido cumplimentadas la del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam; el entonces comandante del 27 Batallón de Infantería, José Rodríguez Pérez; el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirita y el sargento Eduardo Mota Esquivel.
La semana pasada, el magistrado presidente del Tribunal de Zacatecas, Arturo Nahle, reportó que el exprocurador se encontraba en terapia intensiva luego de someterse a una operación.
“El Lic Jesús Murillo Karam está en terapia intensiva después de una cirugía urgente en el Hospital de Cardiología, si todo sale bien es impensable que regrese a prisión”, escribió en sus redes sociales.
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Ese día, la FGR confirmó que Murillo, el principal artífice de la llamada Verdad Histórica, se encontraba delicado de salud, pero sin dar más detalles.
Esta semana, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció en una entrevista con The New York Times que un porcentaje importante de los mensajes de WhatsApp utilizados para sostener la investigación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa no pudieron verificarse como reales.
Los mensajes mostraban la colusión de un alto mando del Ejército con su desaparición; sin embargo, Alejandro Encinas también reveló que no fueron sometidos a un análisis forense para corroborar que sí fueran reales.
Incluso mencionó que él mismo desechó algunos de los mensajes por no poder acreditar su autenticidad y que el escenario de que la fuente que le proporcionó fichas haya fabricado las conversaciones es posible.
En la misma entrevista, el funcionario aseguró que pese a que no había certeza en la veracidad de los chatas, las conclusiones de la investigación de la Comisión sí son sólidas.
Con información de Víctor Manuel Chávez | El Occidental
Nota publicada en El Occidental
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