Ante la creación de nuevos conjuntos habitacionales y el crecimiento urbano de Salamanca, la comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil, en coordinación con el Ayuntamiento plantea reorganizar el derrotero de las 60 rutas establecidas del transporte urbano y suburbano que prestan el servicio colectivo a la población, a efecto de cubrir de manera eficiente la demanda de usuarios; en este sentido Juan Ortega Gasca presidente de la comisión indicó que la zona con mayor crecimiento en la ciudad se encuentra del lado poniente.
“Se ha tocado el tema y se está analizando cuál es lo más correcto o lo más ideal, apenas estamos en la parte de la revisión y se está viendo qué es lo más viable tanto para los usuarios, como para el transporte”, indicó el regidor.
En este contexto, explicó que la zona con mayor desarrollo habitacional se encuentra en la zona poniente del municipio principalmente entre la comunidad de Mancera y el libramiento sur.
“Es una parte que se está revisando de acuerdo al número de usuarios que tiene cada quién, obviamente quienes están en esa parte de las rutas dicen “bueno si me vas a trazar una dónde no hay usuarios no tiene ningún sentido”, por lo que se está revisando de acuerdo al número de usuarios que se tienen previstos, la parte con mayor usuarios que es esta parte de crecimiento que se está dando hacia la parte de Arboledas, se está revisando también la parte de Cipreses que es una parte que tiene una gran parte de crecimiento”, explicó.
De acuerdo al funcionario el estudio en cuestión estaría concluido en el mes de febrero, para luego concretar los acercamientos con los concesionarios para ver la reestructuración, que consideró será positiva al existir demanda del servicio en la ampliación de derroteros.
Dos años de tarifa irregular
Precisamente el 12 de febrero se cumplirán dos años en que la tarifa del transporte público se incrementó de manera irregular, al no ser expuesta y aprobada en sesión de Ayuntamiento, a pesar de haber existido un acuerdo en comisión, este no se validó, ni fue regulado por la presente y pasada administración al no hacer oficial la tarifa de 10 pesos que se impuso y se ha cobrado por 23 meses.