Irapuato, Gto. (OEM - Informex).- Joan Ochoa Sada, vocero de la organización Fuerza Ciudadana Uniendo Caminos México, dijo que pedirán a una jueza federal que emita medidas de apremio para que se ordene a Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), detener la transferencia de la Guardia Nacional a la milicia, pues con ello está cometiendo el delito de desacato de autoridad.
En entrevista, el vocero de las organizaciones civiles que consiguieron la suspensión definitiva para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena, destacó que con dicha suspensión, las autoridades federales no deben continuar con las acciones para militarizar al país, y dijo que al ver que están omitiendo las ordenes de la jueza, se están viendo obligados a proceder legalmente.
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Joan Ochoa explicó que están en la fase de espera de que se determine la última sentencia, tras el último recurso legal interpuesto por la federación, pero aseguró que no bajarán la guardia en la lucha por hacer respetar los derechos de la ciudadanía.
"Nos acabamos de enterar recientemente que el secretario de la Defensa Nacional ordenó, que pese a la suspensión que existe, siguiera la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, pero nosotros propiamente le pediremos a la jueza que se ordenen medidas de apremio para que le ordenen al secretario de la Defensa Nacional que se detenga esta transferencia, porque ya hay una suspensión y obviamente ese es un delito que se llama desacato a la autoridad".
Refirió que la declaratoria de inconstitucionalidad establecerá que la ley ya no sería aplicable y que por ello la Guardia Nacional seguirá siendo parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con lo cual se impedirá su adhesión a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Señaló que pese a que actualmente hay una suspensión definitiva para que no se permita la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, es inconcebible que el gobierno federal no esté obedeciendo la ley.
"Estamos en la fase de espera de que se declare la inconstitucionalidad del amparo, que sería la sentencia propiamente (…) la declaratoria de inconstitucionalidad, va a decir que esta ley ya no sería aplicable y por lo tanto va a permanecer la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana".
La resolución legal que obtuvieron a su favor las organizaciones civiles como Fuerza Ciudadana Uniendo Caminos México indica que todas las autoridades involucradas deberán de acatar la resolución, incluida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual no deberá atender el tema de transferir recursos a la Secretaría de la Defensa Nacional para la militarización.
Además, se destaca en la resolución que si no se cumple con la suspensión ordenada, se tendrá una multa equivalente a cien unidades de medida, que sería unos nueve mil 622 pesos, además de una pena de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días de destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al servidor público que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, tal como establece el artículo 262 de la Ley de Amparo.
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