En 1917 nuestra Carta Magna encomendó a una Junta Empadronadora, Juntas Computadoras Locales y Colegios Electorales la organización de los procesos electorales federales. Sólo tres décadas después fue promulgada una ley electoral y establecido un primer órgano responsable de los comicios: la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, adscrita a la Secretaría de Gobernación (Segob) y en funciones hasta 1973 cuando le substituyó la Comisión Federal Electoral (CFE).
Cincuenta años màs tarde, con el impulso de Jesús Reyes Heroles, fue promulgada la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) que modificó su integración: además del titular de la Segob cada partido político con registro tuvo un representante, uno por los diputados, otro por los senadores y un notario público. La participación ciudadana era inexistente y esto se agudizó primero con la reforma de 1986 que otorgó 16 lugares al PRI (adquiriendo éste el control del nuevo órgano) y, más tarde, con la “caída del sistema”, intempestivamente así declarada por el entonces titular de la Segob Manuel Bartlett (hoy funcionario clave de Morena) en el albazo que dio la noche de la jornada electoral de 1988.
Derivado de ello, la presión social ciudadana escaló, incentivando dos nuevas reformas constitucionales. Una en 1989 que reestructuró a la CFE y otra en 1990, que le substituyó con un nuevo organismo encargado de garantizar la imparcialidad en los procesos electorales. Nacía así el Instituto Federal Electoral (IFE), presidido por el titular de la Segob, cuatro representantes del Poder Legislativo, seis consejeros magistrados y representantes de partidos, pero nuevamente faltaba lo esencial: la presencia ciudadana.
La primera ciudadanización del nuevo órgano electoral se verificó en 1994 (proceso en el que tuvo un rol central Jorge Carpizo en plena crisis del surgimiento del EZLN). Al titular de la Segob se sumaron dos representantes del PRI, uno del PAN, uno del PRD y por primera vez seis consejeros ciudadanos, todos con voz y voto, además de un representante con voz por partido. La segunda y definitiva ciudadanización ocurrió en 1996. Desde ahora el INE subsistiría como un órgano constitucional autónomo, con personalidad y patrimonio propios y con un Consejo General integrado por un consejero presidente y ocho consejeros electorales, concurriendo “con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un secretario ejecutivo”, siendo electos por el voto de 2/3 partes de los miembros presentes en la Cámara de Diputados. Sus facultades: elaborar el padron electoral; preparar la jornada electoral; realizar escrutinio, cómputo y otorgamiento de constancias; capacitación electoral y educación cívica; impresión de material electoral, además de atención a derechos y prerrogativas de los partidos.
Finalmente, fue en 2014 cuando, derivado de una nueva reforma político-electoral constitucional, el IFE fue substituido por el Instituto Nacional Electoral (INE), integrado por un consejero presidente y diez consejeros electorales, destacando entre sus facultades la de coordinarse con los organismos electorales locales para organizar los comicios estatales, quedando regulado su marco de actución por nuevas leyes reglamentarias en la materia.
Es por ello que hoy, al encontrarnos inmersos en una vorágine trágicamente irrefrenable de masivo desmantelamiento institucional a la que hasta ahora nada ni nadie han podido frenar luego de que desde la cúpula del poder la máxima es: “a mí que no me vengan con que la ley es la ley… yo soy persistente” -“postulados” a cuyo amparo han sido desprotegidos múltiples sectores de la sociedad, confiscados y reorientados incuantificables recursos hacia determinados megaproyectos de origen viciados-, mientras el país se desangra y viste de luto, alarma poderosamente atestiguar que esté en jaque la institución que podría darle seguridad y certeza a la ciudadanía en los próximos procesos electorales.
Sin embargo, la extinción del INE no sería lo más grave. Lo es que la voluntad popular esté secuestrada por el poder, cuyo titular en vez de conciliar y buscar la paz social, solo se dedica día con día a ofender a todos los que no comulgan con su credo, a desnaturalizar principios y valores, a corromper la historia patria y, sobre todo, a desmembrar el tejido social con el arma más peligrosa que gobierno alguno pueda empuñar: la palabra, con un único propósito: pulverizar a nuestra Patria.
Si hoy la ciudadanía no es capaz de defender una institución de esta envergadura por la vía constitucional de la libre manifestación, asociación y expresión de sus ideas, no habrá nada que hacer… habremos sepultado el rumbo y la esperanza de un futuro libre y seremos cómplices del fin de la democracia en nuestra Nación.
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@BettyZanolli
