Al menos 12 de los 27 comisionados estatales de Búsqueda de Desaparecidos que están en funciones en el país no cuentan con un perfil en derechos humanos, pese a que es un requisito de ley para ocupar el cargo.
De acuerdo con el artículo 51, fracción VI de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es requisito para ser comisionado de búsqueda nacional o estatal “contar con conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas, y preferentemente con conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal”.
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En una revisión de los perfiles y curriculums disponibles en los portales de los gobiernos estatales, El Sol de México encontró que hay comisionados de Búsqueda con experiencia en ciencias forenses, investigación criminal, pero no en derechos humanos, e incluso hay algunos con experiencia fuera del tema de desaparición de personas, como la administrativa, la política y electoral.
Tal es el caso de los comisionados de Campeche, Jacobo Notario Hau, y Chiapas, María Guadalupe Sánchez Zenteno, quienes laboraron en los organismos públicos locales electorales, el primero como encargado de compras y la segunda como titular de la Unidad de Acceso a la información Pública en la Comisión de Fiscalización Electoral del Estado de Chiapas.
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Otro comisionado con experiencia electoral es el de Guerrero, Arturo Solís Felipe, quien fue juez en el Tribunal local.
Brenda Azucena Rosas Gamboa, comisionada de Búsqueda de Durango, cuenta con una trayectoria partidista y en el servicio público fuera de los ámbitos de atención a víctimas, derechos humanos y búsqueda de desaparecidos. De 2007 a 2016 tuvo diversos cargos al interior del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de 2016 a 2018 fue secretaria del Trabajo y Previsión Social en el gobierno del panista José Aispuro Torres.
Apenas ayer, el Congreso local designó al titular en Oaxaca
José Francisco García, el comisionado de Hidalgo, cuenta con experiencia profesional en procuración de justicia. Fue notificador y agente del Ministerio Público de la Procuraduría del Estado, asesor en el Senado de la República y asesor jurídico en derecho familiar, como en casos de divorcio, custodia de menores y autorizaciones judiciales para salir del país.
En Nayarit, la titularidad de la Comisión de Búsqueda la ocupa Cristian Maribel Contreras Barraza, licenciada en sicología y maestra en ciencias forenses, cuya experiencia profesional es en el Sistema Estatal de Seguridad Pública, donde fue sicóloga evaluadora y luego pasó a la Comisión Estatal de Búsqueda donde fue auxiliar administrativa. Ella llegó en marzo de 2023 al frente de la comisión con el apoyo de colectivos que la conocían porque acudía a las búsquedas de desaparecidos, pero en noviembre, comenzaron a cuestionarla y pedir su renuncia porque la acusan de alejarse de las víctimas.
De los comisionados sin experiencia en derechos humanos, hay cinco que tienen perfiles netamente policiales y en materia de procuración de justicia, tal es el caso de Luis Javier Cervantes Gómez, comisionado en Puebla, quien estuvo al frente de la unidad de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, además de ser funcionario en la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla.
La comisionada de Quintana Roo, María López Urbina, formó su carrera en la otrora Procuraduría General de la República (PGR), donde se desempeñó como delegada en Tabasco y Coahuila, subprocuradora, secretaria técnica de varios grupos de control de drogas en al menos seis estados. Previo a ser nombrada titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, fue asesora en materia de seguridad de la gobernadora Mara Lezama.
Leobardo Aguilar Orihuela, el comisionado de San Luis Potosí, fue director de Seguridad Pública en dos municipios y director del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Información e Inteligencia (C5i2), del que fue cesado en junio de 2022 tras el ataque de un grupo armado al penal de La Pila.
Cuatro entidades aún no designan a los titulares de sus comisiones: Baja California, Colima, Tlaxcala y Veracruz
Elizabeth Márquez Calderón, comisionada en Sinaloa, es licenciada criminalista y cursa una segunda licenciatura en derecho, ha trabajado en la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, en la subjefatura de Victimología y la Universidad del Policía del Estado de Sinaloa. Previo a su nombramiento —en agosto de 2023— fue directora del panteón forense del estado a pesar de que aún no se inauguraba.
En Sonora, el comisionado Javier Ignacio Díaz suma 15 años en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde se desempeñó como perito criminalista, por lo que su experiencia profesional se centra en la investigación y búsqueda de indicios.
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En dos estados no se encontraron datos curriculares de sus comisionados Jalisco (Víctor Hugo Ávila Barrientos) y Yucatán (Karla Patricia Quintal Solis), mientras que cuatro entidades aún no designan los titulares de sus comisiones: Baja California, Colima, Tlaxcala y Veracruz, y apenas ayer se designó al titular en Oaxaca, donde el Congreso nombró a Michel Julián López, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) quien fue vicefiscal general de Atención a Víctimas y a la Sociedad de la Fiscalía General del Estado, jefa de Departamento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y visitadora adjunta en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
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