Andrés Manuel López Obrador acusó a los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., así como al senador Emilio Álvarez Icaza, de ser los responsables de que se liberara a algunos culpables de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Dijo que al hacer la revisión del caso Ayotzinapa ha encontrado “cosas raras” donde ha llegado a suponer que los defensores de derechos humanos han buscado apoyar a los culpables, dañar al Estado mexicano y “socavar” algunas instituciones.
“Estoy encontrando cosas raras, muy raras, porque está enmarañado todo este asunto. Se habló de el pacto del silencio, pero hay más que eso, con el propósito de que no se conocieran los hechos. Bueno, eso es lo que yo supongo, y que no se logrará nunca conocer la verdad, con el propósito de dañar al Estado mexicano”, dijo el tabasqueño.
El mandatario federal afirmó durante su conferencia mañanera de este jueves, en Palacio Nacional, que quiere tratar este asunto y cuestionar los defensores de derechos humanos para que le expliquen por qué se buscó poner en libertad a los indiciados.
“Yo tengo un asunto que quiero tratar con el Pro, nada más que más adelante, que tiene que ver con Ayotzinapa y tiene que ver con este senador farsante Alvarez Icaza, que es el que maneja a los del Pro, que ya no son los del Pro que yo conocí. Se han ido echando a perder y quiero que los que son auténticos de de derechos humanos todos los que están en el movimiento por jesuitas que revisen”, dijo el mandatario.
El presidente expuso que mantiene contacto con los padres de los normalistas desaparecidos y que este viernes el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina se reunirá con ellos, para mantener el diálogo entre el Gobierno federal y los familiares de las víctimas.
Además comentó que la reunión será con el fin de explicarles a los padres, la sentencia que dejó libre a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes, “al menos a algunos de los que participaron, tuvo que ver con un trabajo jurídico que hicieron defensores de derechos humanos que también supuestamente los dejaron asesorando a ellos”, acusó.
“Lo que no sé, por qué razón y me gustaría saber por qué —el que estuvo en ese entonces (como director del centro Pro, Mario Patrón Sánchez), está hora de director de la universidad de Puebla”—, (diga) qué papel jugaron ellos en la defensa de los detenidos, argumentando de qué habían sido torturados para liberarlos y si sabían que quedarían libres, se les estaba dando libertad a quienes habían participado en la desaparición, eso que me gustaría que me contestaran”, dijo el presidente.
Resaltó que le llama la atención que los defensores de derechos humanos nunca habían pedido que se responsabilizara a los autores de la llamada “verdad historia”, aun cuando siempre fue una exigencia de los padres de las víctimas y abogados que se castigara al exprocurador de la República, Jesús Murillo Karam y al encargado de la investigación Tomás Zerón.
Sin embargo, el presidente dijo que esto no era así y dijo que los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, mientras asesoraban a los padres de los normalistas, “no exigieran que se castigara a quienes inventaron la llamada verdad histórica”.
Cuestionó que Murillo Karam y Tomás Cerón andaban muy campantes y eran ellos quienes se hicieron responsables de la investigación y del resultado de la supuesta verdad histórica.
Agregó que lo que más le llamó la atención fue que los defensores de derechos humanos, en vez de reconocer que se detuvo en su administración a los responsables del más alto nivel e incluso a militares, reclamaran que se habían hecho mal las cosas.
También dijo que lo peor, fue que defendieran a algunos responsables bajo el argumento de que fueron torturados.
“Resulta que los detenidos originalmente, algunos, si no es que todos, se dijo que fueron torturados. Y bueno, declaran. Como son torturados (…) declaran y después alegan que fueron torturados y los mismos defensores de derechos humanos que están pidiendo justicia, llevan a cabo la defensa de los torturados y logran que los torturados o no salgan libres. Todos libres, cuando haya evidencias de qué sí habían participado”, reprochó.
Insistió que la sentencia para dejarlos libres, la hicieron asesores de derechos humanos. También expresó que el juez que se encargó del caso, dio un plazo de 10 días para que se presentaran las pruebas que no habían sido torturados, o de lo contrario, los dejaban libertad.
El presidente acusó que los abogados que hicieron la gestión para liberar a los señalados como responsables del caso, Ayotzinapa, así como el fiscal especial de ese mismo caso, estaban relacionados con el senador Emilio Álvarez Icaza y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que dijo es un organismo de la OEA.
Además mencionó que le llamó muchísimo la atención que los defensores de derechos humanos no querían que su Gobierno hablara de manera directa con los padres, “no lo permiten”, aseveró.
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