/ martes 22 de diciembre de 2020

En ocho meses van 14 denuncias de violencia política contra mujeres

El INE determinó incompetencia para resolver nueve quejas y las remitió a la autoridad que se consideró competente

Entre el 14 de abril y el 7 de diciembre de este año, se registraron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) 14 quejas en materia de violencia política en razón de género (VPRG). Diputadas federales, regidoras, militantes de partidos políticos, presidentas municipales, senadoras de la República, consejeras electorales y ciudadanas fueron las denunciantes.

De acuerdo con el informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Consejo General del INE, los hechos denunciados están relacionados con publicaciones violentas a través de redes sociales, vulneración al derecho humano a vivir libre de violencia, estereotipos de violencia política de género en perjuicio de las denunciantes, declaraciones descalificativas y agresiones verbales.

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De las 14 denuncias, se determinó la incompetencia en nueve de ellas, remitiendo la queja o denuncia a la autoridad que se consideró competente. Una más fue modificada mediante resolución de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El informe se publica luego de que el 31 de agosto de 2020, el Consejo General del Instituto aprobara el Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política en Contra de las Mujeres en Razón de Género a efecto de hacer frente de manera directa y especializada a dicha situación, estableciendo reglas claras respecto a la competencia, sustanciación y trámite de los procedimientos sancionadores en materia de VPRG, así como lo relativo al dictado de medidas cautelares y de protección.

Se estableció que la Secretaría Ejecutiva rendiría en cada sesión ordinaria un informe ante el Consejo General respecto de las quejas o denuncias en materia de VPRG, presentadas ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), con el objetivo de que se diera a conocer, entre otra información, la atención a las mismas, el cumplimiento de las medidas cautelares y de protección concedidas, y en su caso, de las acciones realizadas ante su incumplimiento.

Entre el 14 de abril y el 7 de diciembre de este año, se registraron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) 14 quejas en materia de violencia política en razón de género (VPRG). Diputadas federales, regidoras, militantes de partidos políticos, presidentas municipales, senadoras de la República, consejeras electorales y ciudadanas fueron las denunciantes.

De acuerdo con el informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Consejo General del INE, los hechos denunciados están relacionados con publicaciones violentas a través de redes sociales, vulneración al derecho humano a vivir libre de violencia, estereotipos de violencia política de género en perjuicio de las denunciantes, declaraciones descalificativas y agresiones verbales.

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De las 14 denuncias, se determinó la incompetencia en nueve de ellas, remitiendo la queja o denuncia a la autoridad que se consideró competente. Una más fue modificada mediante resolución de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El informe se publica luego de que el 31 de agosto de 2020, el Consejo General del Instituto aprobara el Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política en Contra de las Mujeres en Razón de Género a efecto de hacer frente de manera directa y especializada a dicha situación, estableciendo reglas claras respecto a la competencia, sustanciación y trámite de los procedimientos sancionadores en materia de VPRG, así como lo relativo al dictado de medidas cautelares y de protección.

Se estableció que la Secretaría Ejecutiva rendiría en cada sesión ordinaria un informe ante el Consejo General respecto de las quejas o denuncias en materia de VPRG, presentadas ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), con el objetivo de que se diera a conocer, entre otra información, la atención a las mismas, el cumplimiento de las medidas cautelares y de protección concedidas, y en su caso, de las acciones realizadas ante su incumplimiento.

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