La impunidad y la inseguridad son el principal flagelo, producto de la inobservancia de las leyes. “El problema es el no generar el respaldo a la ciudadanía para que paguen los que tengan que pagar…” en la comisión de delitos, afirmó el síndico del Ayuntamiento, José Luis Montoya Vargas.
En alusión al estancamiento en la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre las denuncias contra el ex contralor Miguel Enrique Cordero Saucedo, el representante legal del Ayuntamiento expresó que existe una postura partidista de las autoridades que deben actuar con responsabilidad en el marco de la Constitución Política el Estado.
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“Tristemente en este caso, la fiscalía me parece que es un ente que debería servir a los ciudadanos y, de representante social, se convierte en objeto de política y de intereses muy particulares”, agregó.
El 24 de marzo del año pasado Miguel Cordero Saucedo fue destituido durante la séptima sesión privada del Ayuntamiento por mayoría de votos y el ex contralor denunció en su momento un acto ilegales por parte de quienes votaron a favor de su salida.
Montoya Vargas ha insistido en que la fiscalía está actuando de manera dolosa al no realizar las investigaciones necesarias para judicializar la carpeta.
El Ayuntamiento, dijo, acreditó el despido justificado “y se están finiquitando obligaciones del municipio” en el ámbito laboral, mientras que en materia penal, la fiscalía no le ha dado seguimiento”.
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Expresó que el tema se ha tornado en un asunto de intereses partidistas de tipo electoral y después de haberse presentado la denuncia no hay avances. “Todos los asuntos que presentamos como municipio están ´durmiendo el sueño de os justos´ y casualmente todos los asuntos que presentan contra del municipio esos, sí avanza”.
Mencionó que se ha cambiado la estrategia jurídica para contrarrestar la inobservancia de la fiscalía. Se está accionando en el poder judicial es el ámbito civil y el de justicia administrativa… Se está avanzando”.
Reconoció sin embargo que en estos ámbitos también se va avanzando con poca celeridad frente a las condiciones de la pandemia por covid-19. “Hablemos en plata. La pandemia ha afectado los tiempos jurisdiccionales”.
Al ex contralor se le acusa de haber hecho la sustracción de bienes muebles al no hacer la entrega de los resguardos, además de ventilar información reservada haciéndola pública, lo que generó una pérdida de confianza en el Ayuntamiento.