Hace cerca de 25 años publiqué un ensayo en la revista de Comercio Exterior llamado “Retos del Federalismo Fiscal Mexicano”, que se utiliza como introducción para muchos estudiantes de economía, y es destacar que hoy, varias de las conclusiones siguen vigentes. Por ejemplo se mencionaba que entre el 90 y 95% de los ingresos estatales provenían del esfuerzo recaudatorio federal, no solo por la firma del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación, también por el desinterés recaudatorio en la mayoría de las entidades federativas y la baja recaudación del impuesto predial por parte de los municipios, resaltando la fragilidad fiscal de dos órdenes de gobierno para hacer frente a cualquier contingencia, natural o social, o para aprovechar las facultades extra fiscales de los impuestos y estimular con recursos propios las posibilidades de desarrollo regional y municipal.
En lugar de buscar algunas nuevas facultades, renunciaron a otras, como es el caso, de 2012, cuando muchos estados abdicaron de la recaudación del impuesto a la tenencia, cuyo 20% correspondía a los cerca de dos mil 500 municipios del país, que no fueron consultados por los gobiernos estatales. Claro, hubo honrosas excepciones, como la Ciudad de México, y algunos estados, como Oaxaca, donde la tenencia aún existe.
Por otra parte, como mencioné, el esfuerzo en materia recaudatoria del impuesto predial para el caso de los municipios tampoco ha avanzado. Por ejemplo, la desactualización de los valores catastrales, el desinterés fiscal de los importantes municipios incluidos los turísticos y la corrupción, como sucedió a mediados de la década pasada en municipios como Benito Juárez. Es evidente que alcanzar los valores reales, cuando esto está muy debajo debe darse en un proceso gradual.
Mi ensayo concluía que fortalecer nuestro pacto fiscal no descansa sólo en el cambio de las fórmulas de distribución de las participaciones, por lo que se precisa la revisión de competencias tributarias y un manejo riguroso y transparente del gasto público, empatado con procesos de fiscalización, que aprovechen las nuevas tecnologías para mejorar su recaudación.
La ASF, si bien ya revisaba estos recursos, la creación de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado ha contribuido a lo anterior.
En suma, se busca asegurar la equidad del sistema tributario, simplificar los procesos de recaudación, mejorar las políticas de gasto, la transparencia en el uso de los recursos, para el fortalecimiento las finanzas públicas de los tres órdenes de gobierno. Asumir cada uno la responsabilidad fiscal, el interés por recaudar con eficiencia, y sin corrupción. Encontrar un buen sistema de reparto que no descuide el necesario equilibrio entre las entidades donde se recauda por la entidad responsable de la recaudación y la necesaria justicia distributiva.
No puede el esfuerzo fiscal de un solo orden de gobierno, -el federal- mantener a los 32 estados y cerca de dos mil 500 municipios, sino que es necesario que ellos aprovechen sus facultades recaudatorias y gasten bien. No olvidemos que las finanzas públicas eficientes no sólo son el ingreso, también se requieren políticas de gasto que no sean instrumentos para maquinar fraudes o usar empresas factureras, mecanismos negativos y bizarros que favorece la corrupción.
Auditor Superior de la Federación
brunodavidpau@yahoo.com.mx
