La Fiscalía General del Estado a través de un agente del Ministerio Público especializado, formuló imputación a una mujer por el delito de corrupción de menores, y el Juez resolvió vincularla a proceso penal, al determinar que hay datos de prueba suficientes que acreditan la probable responsabilidad de la imputada en el crimen en agravio de una víctima, con la que comparte vínculo familiar.

Al establecer el auto de vinculación a proceso penal, el trámite tiene por objeto someter a Sandra “N”, a la segunda fase de la etapa del proceso penal, es decir, a la investigación complementaria.

Lo anterior derivó de una investigación que desarrolló el equipo multidisciplinario de la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores y la Agencia de Investigación Criminal, quienes iniciaron un proceso legal por un delito que implica violación a la integridad, libertad y dignidad de las personas.

Sandra “N” llevaba a la víctima cerca de una caseta de cobra a la altura de la comunidad La Ordeña, con la finalidad de prostituirla, esto en diferentes temporalidades de los meses de junio a octubre de 2020.

De forma inicial, al integrar la carpeta de investigación, las diligencias ministeriales fueron en el sentido de proteger los derechos de la víctima, su integridad física y mental, brindándole asistencia integral especializada.

Como encargado de la investigación jurídica de los hechos, el Agente del Ministerio Público especializado mantuvo coordinación con el equipo multidisciplinario de la Agencia de Investigación Criminal para recabar datos de prueba y diseñar una teoría del caso, que fue presentada en audiencia para imputar a Sandra “N” tras su captura con orden judicial, lo cual fue analizado por el Juez quien determinó que fuera vinculada a proceso penal y que permanezca en prisión preventiva como medida cautelar.

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