Se divide la oposición en Nicaragua

MANAGUA. Los dos movimientos opositores más importantes de Nicaragua, nacidos en medio del levantamiento popular contra el presidente Daniel Ortega, decidieron trabajar por separado en su objetivo de restablecer la democracia en el país.

Aunque la separación todavía no es oficial, Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco no trabajarán más en conjunto, confirmó el miembro de la segunda organización.

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"Es una decisión estratégica, vamos a tener el momento para anunciarlo. Se debe más a estrategias orgánicas que a cualquier tipo de conflicto, son procesos que se vienen haciendo desde hace meses, con el fin de hacer más clara la toma de decisiones", sostuvo Jesús Tefel.

La Alianza Cívica nació de un grupo de opositores reunidos por el Episcopado de Nicaragua en mayo 2018, para que representaran a la población nicaragüense en el primer diálogo nacional con Ortega, al que una aparente mayoría exige su renuncia por la muerte de cientos de personas en protestas antigubernamentales.

En la Alianza Cívica convergen los sectores estudiantil, laboral, campesino, costa Caribe, académico, privado y político y es la única reconocida por la comunidad internacional como interlocutor de Ortega.

La Unidad Nacional Azul y Blanco, la más amplia del país, se formó a mediados de 2018, cuando los líderes de los movimientos "autoconvocados" para protestar contra Ortega decidieron unirse para hacer un frente común de opositores, luego de que algunos miembros de la Alianza Cívica fueron encarcelados o empujados al exilio.

En la Unidad se aglomeraron feministas, partidos políticos de centro, disidentes sandinistas, diversas ONG dedicadas a temas sociales, líderes de la diáspora y jóvenes autoconvocados, entre otros.

Las diferencias más evidentes entre los movimientos han estado en las acciones contra Ortega: la Unidad apuesta por manifestaciones callejeras y un paro nacional, y la Alianza confía más en la diplomacia.

En tanto, los opositores que recientemente fueron excarcelados, como la estudiante de origen belga Amaya Coppens, demandaron al gobierno la cancelación de los juicios en su contra por cargos de tráfico ilegal de armas, que aseguran son falsos.

"No podemos saber qué va a hacer el régimen" con los excarcelados, "todo lo están haciendo fuera de la ley, todos nos encontramos en peligro porque estamos frente a una dictadura criminal", declaró en rueda de prensa Olga Valle, una de la personas que salió de prisión el 23 de diciembre junto a otros 91 opositores, pero que quedaron bajo un régimen de casa por cárcel.