Tribunales federales del país han admitido a trámite un total de 11 mil 557 amparos contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en busca de que no se les reduzca el salario con base en la citada ley, cuyo espíritu es que nadie gane más que el presidente de la República, es decir, más de 108 mil pesos mensuales.
Del total de servidores públicos que buscan el amparo, 402 son jueces, 540 magistrados, tres mil 347 secretarios de acuerdos de juzgado, 745 actuarios de juzgado y tres mil 381 oficiales secretarios de juzgado.
El Poder Judicial de la Federación, señala que los quejosos han promovido en conjunto, personalmente o de manera colectiva, dos mil 489 demandas de amparo ante los diversos tribunales de todo el país, de los cuales, 230 lo hicieron en línea.
Los empleados que ha tramitado amparos contra la ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos están de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Procuraduría General de la República (PGR), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Centro de Inteligencia de Seguridad Nacional (Cisen).
También personal del Instituto Nacional Electoral (INE), Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaria de Gobernación, ISSSTE, Instituto Federal de Telecomunicaciones y Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, entre otros.
Es de recordar que el pasado 10 de diciembre, jueces y magistrados que se oponen a la legislación respondieron al presidente Andrés Manuel López Obrador negando que sean privilegiados y que vivan del abuso de erario público.
La confrontación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, hizo que la Suprema Corte de Justicia suspendiera la aplicación de la Ley de Remuneraciones. Sin embargo, tanto Morena como la Presidencia presentaron impugnaciones y un recurso de reclamación en contra del ministro Alberto Pérez Dayán.
Diputados corrigen disonancias jurídicas y errores en ley
La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada el pasado 5 de noviembre, para corregir disonancias jurídicas y errores de concordancia, precisar términos y actualizar referencias legales e institucionales, entre otros aspectos de técnica legislativa.
El Pleno aprobó el documento en lo general por unanimidad con 436 votos y, posteriormente, en lo particular, en dos votaciones distintas.
La primera, para votar un artículo reservado que sufrió modificaciones (el 7 Bis), en la cual se registró unanimidad con 421 votos en pro. La segunda, para votar los preceptos reservados que no tuvieron cambios (2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 15 y 17), en donde se obtuvieron 344 votos a favor, 72 en contra y cero abstenciones.
El documento fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
El dictamen también modificó algunas disposiciones del Código Penal Federal, para armonizar sus referencias con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y para cambiar el término “salario mínimo” por el de “Unidad de Medida y Actualización”.
Asimismo, cambió diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para ampliar los casos en los que servidores públicos podrían incurrir en delitos de cohecho y desvío de recursos. En primer caso, por no devolver el pago en demasía dentro de los 30 días naturales siguientes, y, en el segundo, cuando un servidor público autorice pagos de remuneraciones o de jubilaciones, pensiones y créditos fuera de los tabuladores o que no estén previstos en la ley.
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