Manuel Espino Barrientos, comisionado del Servicio de Protección Federal (SPF), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), descartó que haya daño patrimonial o uso indebido de recursos públicos por 63 millones de pesos en su institución, como lo notificó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo que le exigió una aclaración pública.
Mediante una tarjeta informativa la institución señaló que con un “nutrido sustento documental” descartaron las “posibles irregularidades sobre las que se especula en los informes individuales sobre la revisión de la Cuenta Pública 2019” y se aclara que “no existe daño patrimonial alguno ni uso indebido de recursos públicos atribuible a este desconcentrado”.
“Dichas afirmaciones corresponden a un error técnico interno de la ASF, por lo cual, en razón de justicia, se le exige una aclaración pública”, se lee en la tarjeta.
Como parte de los informes individuales de la Cuenta Pública 2019, la ASF advirtió que identificaron irregularidades en el SPF por poco más de 63 millones 570 mil 462 pesos, de los cuales, en el transcurso de la revisión se recuperaron 330 mil 906 pesos, gracias a la intervención de la ASF.
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Al respecto el SPF refiere que las supuestas fallas en la documentación de los servicios de alimentación y hospedaje de sus elementos, atribuido en una auditoría, fueron justificadas y en todos los casos se emitió una solicitud de pago mediante oficio; se presentaron facturas validadas por el administrador del contrato; se emitió una hoja de conciliación de los servicios devengados y se firmaron fatigas que soportan los gastos ejercidos.
“Es decir, existe documentación no sólo suficiente, sino sobrada, que sustenta la legalidad de las transacciones a las que se refiere la ASF y que fueron retomadas por la prensa”, señala.
Por todo lo anterior el organismo informó que enviará a la Auditoría un cuadro señalando las Cuentas por Liquidar Certificadas auditadas, con cada una de las facturas involucradas en la revisión y el soporte documental que comprueba el uso apegado a la norma de los referidos recursos.
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