/ lunes 15 de junio de 2020

Silvano Aureoles va contra decreto sobre militares en tareas de seguridad

El gobernador de Michoacán alega que el gobierno federal invade sus facultades al permitir el despliegue de tropas dentro de su territorio

El gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional en contra del acuerdo emitido el 11 de mayo pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se faculta a las Fuerzas Armadas para apoyar las tareas de seguridad pública, de manera subordinada a la autoridad civil, y por un periodo de cinco años.

En el acuerdo recurrido, el gobernador de extracción perredista alega que el gobierno federal invade sus facultades al permitir el despliegue de tropas dentro de su territorio, además de que este acuerdo sería contrario al texto de la Constitución.

El 11 de mayo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que dotó de atribuciones extraordinarias de seguridad pública al Ejército y la Marina, para que actúen en respaldo de la Guardia Nacional.

El decreto estará en vigor durante el tiempo en que la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años. De hecho, se establece como fecha de vigencia el 27 de marzo de 2024.

A partir de esta fecha, Aureoles ha manifestado su inconformidad con el citado decreto, durante las reuniones semanales que sostiene con los gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Colima y Durango, donde también se ha planteado la idea de ir ante la SCJN contra el decreto por las llamadas energía limpias y el pacto fiscal.

Este lunes la SCJN dio a conocer la controversia que interpuso el gobierno de Michoacán de Ocampo contra el acuerdo sobre la participación militar en tareas de seguridad pública, la cual fue presentada el viernes pasado por el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo estatal.

El asunto fue turnado para su estudio a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, debido a que ya tiene bajo su ponencia otra controversia por el mismo tema, promovida por el municipio de Colima, sin que hasta el momento ninguna de estas dos controversias ha sido admitida a trámite.


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El gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional en contra del acuerdo emitido el 11 de mayo pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se faculta a las Fuerzas Armadas para apoyar las tareas de seguridad pública, de manera subordinada a la autoridad civil, y por un periodo de cinco años.

En el acuerdo recurrido, el gobernador de extracción perredista alega que el gobierno federal invade sus facultades al permitir el despliegue de tropas dentro de su territorio, además de que este acuerdo sería contrario al texto de la Constitución.

El 11 de mayo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que dotó de atribuciones extraordinarias de seguridad pública al Ejército y la Marina, para que actúen en respaldo de la Guardia Nacional.

El decreto estará en vigor durante el tiempo en que la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años. De hecho, se establece como fecha de vigencia el 27 de marzo de 2024.

A partir de esta fecha, Aureoles ha manifestado su inconformidad con el citado decreto, durante las reuniones semanales que sostiene con los gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Colima y Durango, donde también se ha planteado la idea de ir ante la SCJN contra el decreto por las llamadas energía limpias y el pacto fiscal.

Este lunes la SCJN dio a conocer la controversia que interpuso el gobierno de Michoacán de Ocampo contra el acuerdo sobre la participación militar en tareas de seguridad pública, la cual fue presentada el viernes pasado por el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo estatal.

El asunto fue turnado para su estudio a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, debido a que ya tiene bajo su ponencia otra controversia por el mismo tema, promovida por el municipio de Colima, sin que hasta el momento ninguna de estas dos controversias ha sido admitida a trámite.


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