Aumento en el presupuesto no significa mayor competencia en los partidos, ni incremento en la calidad de la democracia, señaló Engels Agustín Contreras Piña, consultor en materia político electoral, quien a su vez manifestó que no hay señal clara de que la competencia entre partidos políticos sea resultado del aumento de su financiamiento público y mucho menos de que esto se traduzca en mayor participación pública.
Además resaltó que en 2018 aumentó en casi mil millones de pesos el presupuesto a partido políticos y esto no se tradujo en el incremento de la calidad de la democracia, pues se logró solo una participación con 63.4 por ciento, mientras que en 2021, solo de gasto ordinario, volvió a aumentar mil millones de pesos y la participación fue del 52.6 por ciento, explicó.
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Durante los foros 15 del parlamento abierto sobre la reforma electoral que se realizan en la Cámara de Diputados, en el tema “Medios de financiamiento para actividades ordinarias”, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), manifestó que el tema del financiamiento es la parte neurálgica de la propuesta de reforma que provocó esta sana discusión, la cual tiene alrededor una serie de iniciativas de diputados.
Víctor Alarcón Olguín, doctor en estudios sociales, con especialidad en Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa sostuvo que el financiamiento público a los partidos políticos “no es un gasto frívolo, sino una inversión y expresión democrática como se pensó en 1977”.
Planteó que se debe inducir adecuadamente a que los partidos aprendan a reorganizar su gasto y definir prioridades que alienten el debate público, para que esas rutas permitan que “no pasen de la noche a la mañana a ser botín del crimen organizado”.
“Debilitar al sistema de partidos de un solo golpe con una reducción a cero del financiamiento público fuera de los procesos electorales, es entregarlos literalmente al crimen organizado o a cualquier otro tipo de poder fáctico que tenga las condiciones de corromper a la estructura de la clase política, como de por sí, en muchos ámbitos y aspectos, se asume en la noción de desprestigio. El reto: Sí reducir recursos, pero aprender a gastar mejor”, alertó.
Ramón Hernández Reyes, profesor de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estimó que la fórmula para la asignación de recursos financieros a los partidos políticos no es adecuada a la realidad económica, política y social, ya que el Padrón Electoral no corresponde a un nivel de participación ciudadana en las elecciones, además de que contiene un mayor incremento anual que el propio listado nominal.
Además, la Unidad de Medida y Actualización también mantiene un incremento mensual y anual que actualmente es del orden del 10 por ciento, y la inflación en contraparte es del 8.15 por ciento, señaló.
Por su parte, Rodrigo Morales Manzanares, exconsejero electoral, aseguró que a pesar de la evolución normativa no se ha conseguido desterrar la sospecha de que la relación entre el dinero y la política sigue siendo perniciosa, por lo que se necesita una reforma para quitar la percepción de que el dinero influye de forma indebida en la vida interna de los partidos políticos o en el desarrollo de las contiendas electorales.
María Luisa Jiménez Poblano, asesora en materia electoral, financiamiento, gasto y fiscalización, apuntó que la reforma propuesta privilegia la posibilidad de contar con una vida democrática menos costosa, para reorientar el financiamiento público a los partidos políticos a actividades de mayor utilidad y beneficio a la población.
La entrega de esos recursos ha creado dependencia y separatismo de los partidos políticos para buscar fuentes lícitas privadas; no contar con este financiamiento volverá más dinámica y participativa la relación con su militancia y la sociedad, además de que no han logrado infundir confianza en los electores ni mayor participación, precisó.
Carol Berenice Arellano Rangel, consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán, destacó la importancia de conservar el financiamiento público en actividades ordinarias y no sólo mantenerlo en campañas electorales, para que los partidos tengan la oportunidad de formar a sus cuadros y sigan apoyando a grupos vulnerables en diversas gestiones. “De aprobarse esta reforma se estaría quitando el sistema de partidos y se transitaría a un modelo independiente”, advirtió.
“Si se quitan estos recursos los partidos ya no tendrían dinero para atender sus obligaciones estatutarias, el sostenimiento de sus órganos directivos y dirección en los distritos, municipios y entidades federativas”; tampoco para sueldos de personal, arrendamiento de inmuebles, propaganda institucional y en general, gastos de procesos internos de selección de sus candidaturas.
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