El Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales firmaron un convenio de colaboración para enfrentar los delitos electorales en las actuales campañas que se llevan a cabo en seis estados de la República, previo a las elecciones del 2 de junio próximo.
El fiscal electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti, comentó que lo que se busca es inhibir los delitos electorales con la prevención mediante mecanismos que hagan más redituable buscar la victoria electoral dentro de las reglas. En caso contrario aplicarán la ley.
“Vamos a intentar disuadir más que perseguir, para eso hay mecanismos, echaremos mano de esos mecanismos de todo mal que, si existiera alguna tentación de irregularidades, la gente que pudieran tener esos planes dijeran ‘mejor me repliego y me voy a la lucha política convencional, limpia y no me la juego’ porque sí vamos a ser muy estrictos en perseguir las irregularidades”, dijo.
Ortiz Pinchetti añadió que este convenio también permitirá a la Fiscalía supervisar las elecciones de Puebla para darles certeza, luego de que el año pasado quedaron muchas dudas sobre probables delitos electorales.
En este contexto, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, celebró la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), ya que ahora el Consejo General podrá sancionar directamente a los servidores públicos que cometan algún ilícito de esta índole.
“Permite por primera vez que los delitos cometidos, los ilícitos en materia electoral cometidos por servidores públicos, federales, locales o municipales, puedan ser directamente sancionados por esta autoridad, y no como ocurría con las normas vigentes, que implicaban que una vez que el INE determinaba la comisión de un ilícito administrativo, tuviera que darse vista al superior jerárquico”, dijo durante la firma de convenio entre el INE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
Córdova Vianello recordó que, en ocasiones pasadas, el Consejo General había señalado intervenciones ilícitas de funcionarios públicos en procesos electorales, pero se quedaron en la impunidad, ya que no hubo sanciones.
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