El Congreso de la Unión se pronunció contra la “ley Bonilla’’, que pretende ejercer un mandato de dos a cinco años en Baja California y en tribuna se recordó la película “La Ley de Herodes’’, que narra una historia que viola leyes y florece la corrupción de políticos.
La reforma que aprobó el Congreso Local de esa entidad plantea aumentar el periodo del encargo del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, los legisladores reclamaron “garantizar el orden constitucional y el respeto al pacto federal’’.
Llamó al Congreso Local y a los ayuntamientos del Estado de Baja California, “a dejar sin efecto el Decreto número 112, de reformas a la Constitución Local, aprobado el 8 de julio de 2019’’.
De esa manera, los senadores y diputados rechazaron la aprobación del Decreto de reformas, “mediante el cual se pretende ampliar el periodo del Ejecutivo estatal a partir del 1° de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre 2024.
LEY DE HERODES
La panista Lizbeth Mata Lozano, desde la tribuna dijo a sus pares si recordaban la película denominada Ley de Herodes, en donde un personaje – Damián Alcázar- arrancaba hojas de la Constitución y escribía luego lo que quería, pues es exactamente el ejemplo, el claro ejemplo de lo que sucedió en Baja California, ir en contra de la propia Constitución.
Durante el debate, la priista Dulce María Sauri Riancho describió a Jaime Bonilla Valdez como un empresario de medios de comunicación de la región, que incursionó recientemente en la política bajacaliforniana, al amparo de su amistad beisbolística con el Presidente Andrés Manuel López Obrador..
“Bajo esa sombra, Bonilla fue diputado federal por el PT, después de haber renunciado a su ciudadanía estadounidense’’.
Por Morena, el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, refirió a las voces que se han manifestado por interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el asunto puede evitar se judicialice, “si en el ámbito local se da marcha atrás a la reforma como un acto de responsabilidad y sensibilidad política, dejando sin efecto el decreto aprobado el pasado 8 de julio’’.
CANTIDADES MILLONARIAS
En su oportunidad, el diputado del PVEM, Carlos Puente, planteó impulsar una acción de inconstitucionalidad; juicio político a los legisladores locales y a los magistrados del Tribunal Electoral de Baja California; y desaparecer los órganos jurisdiccionales electorales locales.
La ampliación de dos a cinco años de la gubernatura que encabezará Jaime Bonilla es un claro ejemplo de “corrupción y desprecio al estado de derecho” y da muestra de la ilegalidad en que incurrió el Congreso de Baja California, afirmó el senador del PRD, Antonio García Conejo.
“Después de esta maniobra política qué confianza y certeza pueden tener los ciudadanos en los legisladores, cómo sabrán si sus legisladores no cambiarán las reglas del juego a su conveniencia ignorando por completo la voluntad del electorado’’, dijo la senadora Nancy De la Sierra Arámburo.
“A mis compañeros y compañeras legisladoras de Baja California les digo es abusivo hacer uso de su encargo para tomar decisiones en su propio beneficio. Si es como se dice que se investigue, recibieron cantidades millonarias’’.
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