/ miércoles 19 de agosto de 2020

México, entre los países con mayor impunidad en el mundo

La Universidad de las Américas Puebla dio a conocer los resultados del análisis sobre mayor índice de impunidad en 69 países del mundo

La Universidad de las Américas Puebla presentó el índice Global de Impunidad (IGI) 2020, en donde coloca a México como uno de los países con mayor índice de impunidad junto con Guatemala, Kirguistán, Nepal, Guyana, Paraguay , Azerbaiyán, Argelia, Marruecos, Honduras y Tailandia.

El informe analiza variables de 69 países de todo el mundo como el porcentaje de policías por cada cien mil habitantes, personas frente a tribunales, presos sin sentencia o encarcelados por homicidio entre el total de reclusos.

El informe dado a conocer hoy, afirma que en las estadísticas no se mide el impacto que ha tenido el Covid-19 sobre la impunidad. Sin embargo, dados los vínculos que existen entre impunidad y desigualdad, resulta fundamental comenzar a analizar la forma en que la pandemia puede agudizar los niveles de inseguridad y violencia, así como limitar más el acceso a la justicia y otros bienes públicos.

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Sostiene que a diferencia del IGI-2017, México no encabeza la lista de países con mayor impunidad. En la edición de 2020, es Honduras quien tiene el nivel más alto de impunidad en la región, y es el segundo con impunidad alta en el ámbito global.

Esto no significa que exista una mejora o una transformación significativa en el funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia, así como en el respeto a los derechos humanos en el país.

El IGI-2020 registra como promedio 17.83 jueces por cada cien mil habitantes, en el caso de México cuenta con 2.17 jueces por cada cien mil habitantes lo que contrasta con Eslovenia, el país con menor impunidad, donde se registró 42.77 jueces por cada cien mil habitantes.

Por lo que respecta a la estructura del sistema de seguridad, el índice muestra que hay 347.76 policías por cada cien mil habitantes, cifra mayor que el promedio de los 69 países. “Sin embargo, esto no se traduce en capacidades efectivas de la policía, al compararse con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se muestra que el estatus actual del estado de fuerza mínimo de la policía en México se encuentra casi un policía por debajo del estándar mínimo internacional (1.05 frente a 1.8 policías por cada mil habitantes)”, señala el reporte.

Enfatiza que la precaria situación en materia de derechos humanos representa un factor crítico para entender los altos grados de impunidad que caracterizan al caso mexicano, por lo que es necesario tomar medidas urgentes para reducir la cifra.

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Así como dotar de mayores presupuestos a los sistemas de seguridad y justicia, y los recursos deben reflejarse en un aumento de sus capacidades humanas, infraestructura y profesionalización.

La Universidad de las Américas Puebla señala que es indispensable contar con sistemas de evaluación más efectivos e independientes de los órganos de gobierno para garantizar información verídica y de calidad sobre el funcionamiento de los sistemas de justicia y seguridad.

Finalmente, advierte que la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal si bien ha traído una mejoría en los procesos judiciales (sobre todo en materia de transparencia), esto no ha significado una mejoría para México debido a los resultados de los juicios.

La Universidad de las Américas Puebla presentó el índice Global de Impunidad (IGI) 2020, en donde coloca a México como uno de los países con mayor índice de impunidad junto con Guatemala, Kirguistán, Nepal, Guyana, Paraguay , Azerbaiyán, Argelia, Marruecos, Honduras y Tailandia.

El informe analiza variables de 69 países de todo el mundo como el porcentaje de policías por cada cien mil habitantes, personas frente a tribunales, presos sin sentencia o encarcelados por homicidio entre el total de reclusos.

El informe dado a conocer hoy, afirma que en las estadísticas no se mide el impacto que ha tenido el Covid-19 sobre la impunidad. Sin embargo, dados los vínculos que existen entre impunidad y desigualdad, resulta fundamental comenzar a analizar la forma en que la pandemia puede agudizar los niveles de inseguridad y violencia, así como limitar más el acceso a la justicia y otros bienes públicos.

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Sostiene que a diferencia del IGI-2017, México no encabeza la lista de países con mayor impunidad. En la edición de 2020, es Honduras quien tiene el nivel más alto de impunidad en la región, y es el segundo con impunidad alta en el ámbito global.

Esto no significa que exista una mejora o una transformación significativa en el funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia, así como en el respeto a los derechos humanos en el país.

El IGI-2020 registra como promedio 17.83 jueces por cada cien mil habitantes, en el caso de México cuenta con 2.17 jueces por cada cien mil habitantes lo que contrasta con Eslovenia, el país con menor impunidad, donde se registró 42.77 jueces por cada cien mil habitantes.

Por lo que respecta a la estructura del sistema de seguridad, el índice muestra que hay 347.76 policías por cada cien mil habitantes, cifra mayor que el promedio de los 69 países. “Sin embargo, esto no se traduce en capacidades efectivas de la policía, al compararse con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se muestra que el estatus actual del estado de fuerza mínimo de la policía en México se encuentra casi un policía por debajo del estándar mínimo internacional (1.05 frente a 1.8 policías por cada mil habitantes)”, señala el reporte.

Enfatiza que la precaria situación en materia de derechos humanos representa un factor crítico para entender los altos grados de impunidad que caracterizan al caso mexicano, por lo que es necesario tomar medidas urgentes para reducir la cifra.

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Así como dotar de mayores presupuestos a los sistemas de seguridad y justicia, y los recursos deben reflejarse en un aumento de sus capacidades humanas, infraestructura y profesionalización.

La Universidad de las Américas Puebla señala que es indispensable contar con sistemas de evaluación más efectivos e independientes de los órganos de gobierno para garantizar información verídica y de calidad sobre el funcionamiento de los sistemas de justicia y seguridad.

Finalmente, advierte que la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal si bien ha traído una mejoría en los procesos judiciales (sobre todo en materia de transparencia), esto no ha significado una mejoría para México debido a los resultados de los juicios.

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