/ domingo 20 de septiembre de 2020

El Mochomo y su abogado ya están recluidos en el Altiplano: FGR

La Fiscalía General de la República informó que cumplimentó las órdenes de aprehensión en contra del líder de Guerreros Unidos y su abogado

La Fiscalía General de la República informó que cumplimentó las órdenes de aprehensión en contra de Ángel N, El Mochomo; y Arturo N, su abogado, por la probable comisión del delito de delincuencia organizada.

El Mochomo permanecía en arraigo, por lo que se procedió al cumplimiento de la orden de aprehensión, ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM). También se cumplimentó el mandamiento judicial en contra de Arturo N, en Toluca, Estado de México.

Los imputados quedaron internos en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, señaló la FGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Al litigante también se le involucra en actividades de trasiego de drogas, cooptar autoridades, y de prestanombres para la compra y venta de propiedades.

La defensa de estas dos personas solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez de Control resolverá su situación el próximo 24 de septiembre.

El Mochomo permaneció arraigado durante 80 días, después de que el 1 de julio, la juez María del Socorro Castillo Sánchez, titular del juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, decretó auto de libertad a favor de José Ángel por no existir elementos para juzgarlo por el delito de delincuencia organizada que se le imputa por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.

A la salida del penal federal fue retenido por la FGR como parte de otra investigación por delincuencia organizada y al día siguiente fue arraigado.

Posteriormente, la FGR reveló que contaba con audios donde personas cercanas a El Mochomo ofrecieron varios millones de pesos a personal del juzgado federal a cambio de su liberación.

El 13 de julio, la juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Patricia Marcela Diez Cerda, rechazó otorgarle una suspensión provisional para que la FGR dejara de investigarlo.

La Fiscalía General de la República informó que cumplimentó las órdenes de aprehensión en contra de Ángel N, El Mochomo; y Arturo N, su abogado, por la probable comisión del delito de delincuencia organizada.

El Mochomo permanecía en arraigo, por lo que se procedió al cumplimiento de la orden de aprehensión, ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM). También se cumplimentó el mandamiento judicial en contra de Arturo N, en Toluca, Estado de México.

Los imputados quedaron internos en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, señaló la FGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Al litigante también se le involucra en actividades de trasiego de drogas, cooptar autoridades, y de prestanombres para la compra y venta de propiedades.

La defensa de estas dos personas solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez de Control resolverá su situación el próximo 24 de septiembre.

El Mochomo permaneció arraigado durante 80 días, después de que el 1 de julio, la juez María del Socorro Castillo Sánchez, titular del juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, decretó auto de libertad a favor de José Ángel por no existir elementos para juzgarlo por el delito de delincuencia organizada que se le imputa por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.

A la salida del penal federal fue retenido por la FGR como parte de otra investigación por delincuencia organizada y al día siguiente fue arraigado.

Posteriormente, la FGR reveló que contaba con audios donde personas cercanas a El Mochomo ofrecieron varios millones de pesos a personal del juzgado federal a cambio de su liberación.

El 13 de julio, la juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Patricia Marcela Diez Cerda, rechazó otorgarle una suspensión provisional para que la FGR dejara de investigarlo.

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