/ miércoles 28 de octubre de 2020

Tachan de omiso al gobierno capitalino

El Arañazo y Cucursola los dos pendientes.

GUANAJUATO, Gto. - Organizaciones de la sociedad civil, activistas y ciudadanos solicitaron su inmediata intervención del Poder Legislativo para garantizar el cumplimiento en materia de ordenamiento territorial, que han sido trasgredidas en el municipio de Guanajuato.


El Arañazo y Cucursola dos atentados ecológicos.



Lo anterior referente a la reciente devastación de una zona de preservación ecológica, colindante con la sede del propio Congreso del Estado, para abrir un camino de terracería hoy conocido como “El Arañazo” o las autorizaciones otorgadas a la empresa Loma de Irapuato, S.A. de C.V., de la que es accionista mayoritario el diputado federal del PAN Sergio Ascencio Barba para el complejo inmobiliario Cucursola.

En primer momento, en una circular que se dio vista a la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso Local este miércoles se refiere que la violación a diversos controles urbanos y medio ambientales, en las inmediaciones del propio Congreso, hacen necesaria su inmediata intervención para deslindar al cuerpo de diputados de la “sospecha de un acuerdo con los transgresores y encubridores, con el objeto de verse beneficiados con la salvaje obturación y devastación del camino adyacente a su colosal edificio”.


La Loma de Irapuato, S.A. de C.V. debió solicitar el cambio de uso de suelo ante la SEMARNAT.


“El desprecio y desatención con el Congreso, que ha manifestado el alcalde de Guanajuato, no tiene límites.

NO LES HA CONTESTADO...

Siquiera su petición de información. Esta omisión concreta un franco desacato al órgano legislativo. Sabemos que no lo ha hecho, porque esta respuesta generaría el primer documento formal, en el que se exprese con claridad las condiciones de la cuestión. El propio munícipe ha declarado en torno a su requerimiento que “aquí no hay más autoridad que la del gobierno municipal, no se confunda nadie”, lo que claramente refleja el talante autoritario del funcionario frente a un Poder estatal”, refirió.

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De igual forma el escrito refiere dos peticiones en concreto que son: Que se exija la contestación formal del requerimiento de información al municipio de Guanajuato sobre los hechos de devastación generados por particulares en las inmediaciones de este Congreso. Manifestar institucionalmente su deslinde de los trabajos de desmonte y devastación ejecutados en la cercanía de su sede oficial”.



En tanto, indica la circular que, de no proceder de esta manera, “la ciudadanía entendería que nos encontramos ante un acuerdo implícito entre un gobierno omiso, particulares voraces y diputados silenciosos, ante la agresión al medio ambiente en Guanajuato Capital, ciudad Patrimonio de la Humanidad”.

Municipio autorizó permisos fuera de sus competencias.

Por otra parte, ha dicho hecho se suma otro daño ecológico que tiene que ver con la autorización de construcción del fraccionamiento Cucursola, donde el actual Director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zárate autorizó un permiso en materia de impacto ambiental, sin ser esta la instancia.

Lo anterior lo informó Gustavo Lozano, abogado de la organización Acción Colectiva Socioambiental, que representa a los habitantes de la Sierra de Santa Rosa en el amparo que presentaron en contra de las autorizaciones municipales.



En ese sentido, dijo que se estima que dentro del primer trimestre del 2021 se tenga un fallo definitivo en el caso, luego de que el Juez Segundo de Distrito, José Alfredo Sánchez García, durante la audiencia con número de expediente 215/2020, celebrada el pasado 9 de octubre, concedió la suspensión definitiva de los trabajos en la zona inmobiliaria en la Sierra de Santa Rosa.

Subrayó que uno de los grandes problemas a los que los municipios se enfrentan, específicamente Guanajuato es a realizar evaluaciones de impacto ambiental sin ser competentes en la materia, ya que es una acción de competencia federal.



Confió en que la resolución final que se obtenga en dicho asunto sea en favor de la preservación ecológica y no de los intereses de particulares en el atentado del predio catalogado como dentro del Inventario Nacional Forestal.

GUANAJUATO, Gto. - Organizaciones de la sociedad civil, activistas y ciudadanos solicitaron su inmediata intervención del Poder Legislativo para garantizar el cumplimiento en materia de ordenamiento territorial, que han sido trasgredidas en el municipio de Guanajuato.


El Arañazo y Cucursola dos atentados ecológicos.



Lo anterior referente a la reciente devastación de una zona de preservación ecológica, colindante con la sede del propio Congreso del Estado, para abrir un camino de terracería hoy conocido como “El Arañazo” o las autorizaciones otorgadas a la empresa Loma de Irapuato, S.A. de C.V., de la que es accionista mayoritario el diputado federal del PAN Sergio Ascencio Barba para el complejo inmobiliario Cucursola.

En primer momento, en una circular que se dio vista a la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso Local este miércoles se refiere que la violación a diversos controles urbanos y medio ambientales, en las inmediaciones del propio Congreso, hacen necesaria su inmediata intervención para deslindar al cuerpo de diputados de la “sospecha de un acuerdo con los transgresores y encubridores, con el objeto de verse beneficiados con la salvaje obturación y devastación del camino adyacente a su colosal edificio”.


La Loma de Irapuato, S.A. de C.V. debió solicitar el cambio de uso de suelo ante la SEMARNAT.


“El desprecio y desatención con el Congreso, que ha manifestado el alcalde de Guanajuato, no tiene límites.

NO LES HA CONTESTADO...

Siquiera su petición de información. Esta omisión concreta un franco desacato al órgano legislativo. Sabemos que no lo ha hecho, porque esta respuesta generaría el primer documento formal, en el que se exprese con claridad las condiciones de la cuestión. El propio munícipe ha declarado en torno a su requerimiento que “aquí no hay más autoridad que la del gobierno municipal, no se confunda nadie”, lo que claramente refleja el talante autoritario del funcionario frente a un Poder estatal”, refirió.

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De igual forma el escrito refiere dos peticiones en concreto que son: Que se exija la contestación formal del requerimiento de información al municipio de Guanajuato sobre los hechos de devastación generados por particulares en las inmediaciones de este Congreso. Manifestar institucionalmente su deslinde de los trabajos de desmonte y devastación ejecutados en la cercanía de su sede oficial”.



En tanto, indica la circular que, de no proceder de esta manera, “la ciudadanía entendería que nos encontramos ante un acuerdo implícito entre un gobierno omiso, particulares voraces y diputados silenciosos, ante la agresión al medio ambiente en Guanajuato Capital, ciudad Patrimonio de la Humanidad”.

Municipio autorizó permisos fuera de sus competencias.

Por otra parte, ha dicho hecho se suma otro daño ecológico que tiene que ver con la autorización de construcción del fraccionamiento Cucursola, donde el actual Director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zárate autorizó un permiso en materia de impacto ambiental, sin ser esta la instancia.

Lo anterior lo informó Gustavo Lozano, abogado de la organización Acción Colectiva Socioambiental, que representa a los habitantes de la Sierra de Santa Rosa en el amparo que presentaron en contra de las autorizaciones municipales.



En ese sentido, dijo que se estima que dentro del primer trimestre del 2021 se tenga un fallo definitivo en el caso, luego de que el Juez Segundo de Distrito, José Alfredo Sánchez García, durante la audiencia con número de expediente 215/2020, celebrada el pasado 9 de octubre, concedió la suspensión definitiva de los trabajos en la zona inmobiliaria en la Sierra de Santa Rosa.

Subrayó que uno de los grandes problemas a los que los municipios se enfrentan, específicamente Guanajuato es a realizar evaluaciones de impacto ambiental sin ser competentes en la materia, ya que es una acción de competencia federal.



Confió en que la resolución final que se obtenga en dicho asunto sea en favor de la preservación ecológica y no de los intereses de particulares en el atentado del predio catalogado como dentro del Inventario Nacional Forestal.

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