GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- La auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), presentó siete denuncias penales en contra de la administración municipal de Salamanca del período 2015-2018 y a la gestión 2018-2021 se presentaron dos denuncias penales, por detectar presuntas anomalías en sus cuentas públicas y actualmente se encuentran en la Fiscalía General del Estado, informó el titular de la ASEG, Javier Pérez Salazar.
En entrevista el funcionario dijo que el monto global de la administración 2015-2018 que encabezó Antonio Arredondo Muñoz fue de aproximadamente 135 millones de pesos. Estas denuncias fueron presentadas entre los meses de enero y febrero.
Señaló que en cuento al monto observado en la gestión 2018-2021, que encabezó la morenista Beatriz Hernández Cruz fue aproximadamente de 43 millones de pesos.
Pérez Salazar apuntó que en estos casos la Fiscalía General del Estado tendrá que estar atenta a que los hechos denunciados como presuntamente delictivos, no transcurra el tiempo para que se puedan agotar las facultades a través de la figura de la prescripción. Esto se suspende hasta que se judicializan, pero la presentación en el Ministerio Público, en la Fiscalía, no suspenden, sí prescriben.
Fiscalía da nombre de los delitos
El titular de la ASEG, refirió que en el nuevo sistema de la Fiscalía “ya no tenemos la posibilidad de nominar el delito, anteriormente sí lo hacíamos, los hechos constitutivos que yo presento a la Fiscalía son peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, cualquiera, pero ahora cambio el sistema”.
Agregó que ahora la Fiscalía ya no les permite nominar el delito, “lo que hacemos es presentar hechos presuntivamente delictivos. Y quien da el nombre de los delitos en que hayan incurrido algún servidor público es la propia Fiscalía General. Cuando recibe los hechos que nosotros les damos, da un análisis y puede cumplimentar con diligencias o quedarse con la prueba que yo le doy y decirle cómo se llama esto”.
Pérez Salazar externó que “es cuando se judicializa decir a este lo voy a vincular por peculado, pro cohecho o por robo, etcétera, nuestras denuncias nunca van a llevar un nombre, simplemente es una narrativa de hechos presuntamente delictivos desde la posición de nosotros”.
Dijo que lo que hace la Fiscalía a la ASEG es darles un folio de entrada como cualquier denuncia y se abre un expediente de investigación y de manera regular el titular de esta Institución tiene que solicitar el estatus de las denuncias penales a la FGE, para conocer si está en trámite.
Apuntó que cuando se convierte en un delito, con nombre y apellido “es cuando se ejerce la acción en contra de personas ante un juez, lo vincula por el delito de fraude o cohecho y ahí es cuando tengo una noticia hasta la vinculación”.
La calificación de un delito se dará hasta el momento de la judicialización y los plazos lo vínculo con el tema de la prescripción, es el de ver cuánto tiempo tiene para integrar la carpeta, eso lo tendrá que analizar la Fiscalía en función de los hechos denunciados, concluyó.
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