“Quien debe de responder por las tres denuncias que se hicieron ante la fiscalía, es el ex contralor Miguel Enrique Cordero; las denuncias son por abuso de autoridad al haber cerrado sus oficinas por 15 días y haber dejado al personal afuera durante ese tiempo, no regresó dos laptop nuevas y un escáner que tenía bajo su custodia, y al no regresar algo que no es de tu propiedad hay una presunción de un delito, tampoco regresó el teléfono celular, ni las llaves de los vehículos que tenía asignados, además de haber falseado información”.
Lo anterior señaló la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, al ser cuestionada sobre la vinculación a proceso en su contra por el despido injustificado de empleados municipales, entre los que se encuentran el ex contralor Miguel Enrique Cordero Saucedo.
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En el caso de los empleados calificó como algo insólito que un tema laboral se convirtiera en un tema penal, ya que las personas están finiquitadas y a otros de ellos se les terminó el contrato y lo que sucedió es que no se les recontrató.
Respecto a ex contralor Miguel Enrique Cordero, la alcaldesa manifestó que “cuando la administración hizo el proceso de entrega recepción se hizo una lista de 80 ó 90 observaciones, y de acciones que habían que someterse a investigación de las cuales debieron de haberse presentado denuncias civiles, penales y administrativas que eran una obligación de la contraloría, a lo cual Miguel Enrique Cordero no hizo ninguna denuncia y las que accionó las perdió por falta de presentación de recursos y por falta de pericia jurídica”.
Hernández Cruz explicó que ve con preocupación que las denuncias que interpusieron fueron presentadas desde febrero del año pasado y no han visto respuesta por parte de la Fiscalía, ya que ése sí es un daño patrimonial que afecta directamente a la administración por lo que no entiende por qué no habido respuesta.
“Eso es de lo que me gustaría que el señor hablara que falseó informes, por lo que el señor tuvo que ser destituido de la administración, él no es el ofendido, en lo que hoy declara en materia de abuso de autoridad, los ofendidos somos la administración y los ciudadanos porque una persona que estuvo cobrando sin trabajar es un acto lamentable y esperaremos que el proceso camine”.
Se informó también que la destitución del ex contralor municipal no fue una decisión unipersonal sino de ayuntamiento, que se realizó con total legalidad y transparencia mediante un acuerdo tomado en la Séptima Sesión Privada, ante las reiteradas faltas cometidas por la persona que se encontraba en funciones de contralor.
La determinación del ayuntamiento se fundamentó en el Artículo 77 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en los artículos 126 y 136 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato que refieren que los titulares de las dependencias, incluido el contralor, podrán ser destituidos de su cargo cuando incurran en causales que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
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