/ jueves 12 de abril de 2018

Endurecen penas por matar policías

GUANAJUATO, Gto. El pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad de votos la reforma al Código Penal que establece que las personas que asesinen elementos de seguridad o familiares de los mismos pasen de 30 a 60 años de prisión y de 300 a 600 días multa.

Con ello, se envía un mensaje claro y contundente de que como sociedad “no toleraremos a quienes usan la violencia como instrumento para sostener redes delictivas y que respaldamos a los hombres y mujeres encargados de la seguridad pública y la administración pública”, enfatizó la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo.

La legisladora habló a favor de la reserva al artículo 141-a del Código Penal del Estado de Guanajuato, y enfatizó en que se busca que, a quienes en represalia por el trabajo de un servidor público en materia de seguridad pública y administración de justicia, lo asesinen a él o a sus parientes más cercanos, se les aplique la pena máxima que puede imponer el Estado: hasta 60 años de prisión, con un mínimo de 30 años.

Con ello, también se protegerá a sus cónyuges y familias hasta el cuarto grado de los servidores públicos.

Cabe señalar que también se aprobó la modificación al artículo 150-a del Código Penal, que señala: “Al responsable de lesiones en contra de servidores públicos que desempeñen funciones de seguridad pública, de investigación de delitos, de procuración o administración de justicia en materia penal, de ejecución de penas, de su cónyuge o de sus parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado o con quién viva en concubinato, se aumentará la punibilidad de la mitad del mínimo a la mitad del máximo de la que correspondería con los artículos anteriores”.

En su mensaje, Libia García dijo que “si bien este aumento en las penas no resolverá por sí mismo el desafío en materia de seguridad, sí permitirá castigar con mucho mayor rigor a quienes cometan estos asesinatos, manteniéndolos más tiempo alejados de las calles y castigándolos en forma proporcional a la gravedad del delito”.

“El creciente número de asesinatos de policías e integrantes de las fuerzas de seguridad pública es no solo una tragedia para sus familias, sus amigos y sus corporaciones, sino para todo el Estado, y ante esta tragedia, debemos responder por lo tanto con la plena fuerza del Estado, aportando desde nuestro ámbito para prevenir y castigar estas agresiones”, abundó.

También hablaron a favor las diputadas Arcelia González, autora de la iniciativa, y Angélica Casillas, así como Isidoro Bazaldúa.

Frase:

“No toleraremos a quienes utilicen la violencia en contra de mujeres y hombres dedicados su vida a velas por la paz de todos los ciudadanos.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad de votos.

El pleno del Congreso sesionó este jueves.

Los delincuentes que asesinen policías tendrán la pena máxima del Código Penal del estado.

GUANAJUATO, Gto. El pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad de votos la reforma al Código Penal que establece que las personas que asesinen elementos de seguridad o familiares de los mismos pasen de 30 a 60 años de prisión y de 300 a 600 días multa.

Con ello, se envía un mensaje claro y contundente de que como sociedad “no toleraremos a quienes usan la violencia como instrumento para sostener redes delictivas y que respaldamos a los hombres y mujeres encargados de la seguridad pública y la administración pública”, enfatizó la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo.

La legisladora habló a favor de la reserva al artículo 141-a del Código Penal del Estado de Guanajuato, y enfatizó en que se busca que, a quienes en represalia por el trabajo de un servidor público en materia de seguridad pública y administración de justicia, lo asesinen a él o a sus parientes más cercanos, se les aplique la pena máxima que puede imponer el Estado: hasta 60 años de prisión, con un mínimo de 30 años.

Con ello, también se protegerá a sus cónyuges y familias hasta el cuarto grado de los servidores públicos.

Cabe señalar que también se aprobó la modificación al artículo 150-a del Código Penal, que señala: “Al responsable de lesiones en contra de servidores públicos que desempeñen funciones de seguridad pública, de investigación de delitos, de procuración o administración de justicia en materia penal, de ejecución de penas, de su cónyuge o de sus parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado o con quién viva en concubinato, se aumentará la punibilidad de la mitad del mínimo a la mitad del máximo de la que correspondería con los artículos anteriores”.

En su mensaje, Libia García dijo que “si bien este aumento en las penas no resolverá por sí mismo el desafío en materia de seguridad, sí permitirá castigar con mucho mayor rigor a quienes cometan estos asesinatos, manteniéndolos más tiempo alejados de las calles y castigándolos en forma proporcional a la gravedad del delito”.

“El creciente número de asesinatos de policías e integrantes de las fuerzas de seguridad pública es no solo una tragedia para sus familias, sus amigos y sus corporaciones, sino para todo el Estado, y ante esta tragedia, debemos responder por lo tanto con la plena fuerza del Estado, aportando desde nuestro ámbito para prevenir y castigar estas agresiones”, abundó.

También hablaron a favor las diputadas Arcelia González, autora de la iniciativa, y Angélica Casillas, así como Isidoro Bazaldúa.

Frase:

“No toleraremos a quienes utilicen la violencia en contra de mujeres y hombres dedicados su vida a velas por la paz de todos los ciudadanos.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad de votos.

El pleno del Congreso sesionó este jueves.

Los delincuentes que asesinen policías tendrán la pena máxima del Código Penal del estado.

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