GUANAJUATO, Gto.- Toda persona servidora pública está obligada a responder las recomendaciones que emita la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, (PDHEG), y cuando no sean aceptadas o cumplidas, estas deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa, externó la diputada Melanie Murillo Chávez al presentar una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos Estatal.

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Al subir a la Tribuna Legislativa, dijo que el Congreso del Estado podrá llamar a las autoridades o personas servidoras públicas responsables para que comparezcan ante la comisión legislativa que determine su Ley Orgánica, a efecto de que expliquen el motivo de su rechazo o incumplimiento.

Durante la sesión ordinaria del Congreso, la legisladora panista presentó la propuesta que tiene como propósito establecer en la solicitud de comparecencia por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, los elementos y consideraciones por los que se determina la existencia de una violación de derechos humanos, de manera fundada y motivada.

Refirió “en Guanajuato se cuenta con la PDHEG, órgano autónomo competente para conocer de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o persona servidora pública de carácter estatal o municipal que violen derechos humanos, formular acuerdos o recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas”.

La parlamentaria guanajuatense señaló que toda persona servidora pública está obligada a responder las recomendaciones que les presenten.

Murillo Chávez propuso establecer los elementos que deberá contener dicha solicitud a efecto de presentar en su escrito, de manera clara, ordenada y fundamentada las razones que haya tenido en cuenta para determinar que las autoridades o personas servidoras públicas han violado derechos humanos, junto a las recomendaciones que se han emitido y las acciones realizadas para su notificación.

“El establecimiento de requisitos formales al escrito de solicitud realizado por la Procuraduría de los Derechos Humanos para el Estado de Guanajuato representa una garantía más a las personas que presentan una queja o denuncia por violación a sus derechos humanos, cuando la autoridad o persona servidora pública no acepten la recomendación emitida”, concluyó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.