El estado atraviesa por una crisis de seguridad y en la defensa de los derechos humanos por lo que se vuelve urgente que el gobernador, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo asigne recursos suficientes para la atención a víctimas y para la investigación de violaciones a las garantías constitucionales.
Raymundo Sandoval, miembro del colectivo Plataforma por la Paz y la Justicia manifestó que la situación en materia de recursos presupuestales para la agenda de Estado de Derecho no es diferente que con la de la federación. “Hay que considerar que se están creando dos instituciones nuevas que son la Comisión para la Búsqueda de Personas y la Comisión de Atención Integral a Víctimas, que nacen con poco presupuesto”.
Informó el activista que la Comisión de Búsqueda tiene poco más de un millón y medio de pesos y un presupuesto inicial de 14 millones, que es lo que la federación asigna, lo cual es muy poco para su operación.
Además, agregó, el comisionado estatal tiene un nivel 13 en el escalafón salarial lo cual dificulta el cumplimiento de los objetivos, por lo que los colectivos han solicitado al gobernador le asigne mayor presupuesto a la Comisión de Atención Integral a Víctimas que tiene tiene un fondo de inicio de 40 millones, que es lo que manejaba la Fiscalía General de Guanajuato para el fondo de atención a victimas. “Y ésta será la base con la que tendrá que crearse durante los últimos meses del año la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.
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Es necesario entonces, dijo, que el Congreso de Guanajuato asigne los recursos suficientes para estas dos instituciones sin demeritar el presupuesto de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato que es alrededor de 10 millones de pesos.
Es inaplazable que que el gobernador (Diego Sinhué Rodríguez) asigne desde su proyecto, una cantidad suficiente para la atención a víctimas para la investigación de violaciones a derechos humanos en medios de la crisis de seguridad y de violaciones A derechos humanos que estamos viviendo en Guanajuato”.
En el contexto nacional, dijo, se ha dado información respecto al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación el 2021 en el que se plantea la reducción de porcentajes que van del 1 hasta el 11% a instituciones que atienden víctimas y que investigan quejas de violaciones de derechos humanos. Este tema es delicado debido a que se pone en riesgo el funcionamiento de las instituciones y por tanto el cumplimiento de sus objetivos, pero también dificultad en las investigaciones que ya están en curso y nuevas investigaciones de presuntas de presuntas violaciones a los derechos humanos y de atención a las víctimas.
La situación en en estado no es nada diferente a lo que acontece en el país, en relación a la protección de víctimas y de investigaciones de violación a los derechos humanos, finalizó el doctor Raymiundo Saldoval.