GUANAJUATO, Gto; Con la aprobación por unanimidad de las reformas al Código Penal del Estado se brinda una herramienta jurídica y efectiva para castigar el “halconeo” y se deja en claro que quienes traicionen la confianza de los ciudadanos y de las instituciones enfrentarán todo el peso de la ley, afirmó la legisladora local Cristina Márquez Alcalá.
En el tercer período extraordinario de sesiones fue respaldado el dictamen por todos los legisladores y con las reformas se sancionará con una pena mayor e inhabilitación a los servidores públicos, pertenecientes a instituciones de seguridad del estado y los municipios, que faciliten información para la realización de conductas delictivas.
No nos vamos a acostumbrar a la violencia ni le cederemos al crimen organizado el presente o el futuro de Guanajuato”, Perseveraremos en la construcción de la justicia sumando la fuerza de las instituciones además de la valentía y la lealtad de millones de guanajuatenses
Con ello se busca recuperar la tranquilidad de los municipios del estado porque Guanajuato debe ser un ejemplo de seguridad y de certeza que ha sido durante muchos años, recalcó la legisladora.
El dictamen establece que al servidor público que proporcione información que conozca con motivo de sus funciones para que se cometa cualquier hecho delictuoso o para entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas, se les sancionará con 3 a 9 años de prisión y de 30 a 90 días de multa.
También, a quien realice cualquier acto tendiente a obtener y proporcionar información sobre actividades de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, o de ejecución de penas para que se cometa cualquier hecho delictuoso se le impondrá prisión de 2 a 7 años y de 20 a 70 días de multa.
La pena se aumentará hasta en una mitad del máximo cuando sea cometido por exintegrantes de las instituciones de seguridad pública; sea cometido a través de menores de 18 años o incapaces o se utilicen equipos o artefactos que permitan la intervención o inhibición de comunicaciones de instituciones de seguridad pública.
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