/ domingo 10 de julio de 2022

VIOLENCIA CONTRA POLICÍAS, AFRENTA A TODOS

La violencia contra nuestras policías está incontenida. Homicidios, lesiones, emboscadas de cobardes, y el abandono de gobiernos federal y locales, agravan abusos que padecen. La organización Causa en Común registra 9 policías asesinados en la primera semana de julio. En lo que va del año, 215 policías en el país; en promedio 1.13 policías asesinados cada día. Los estados con más policías asesinados en este 2022 son Guanajuato (29), Zacatecas (28), Veracruz (17), Jalisco (16) y Michoacán (15). En lo que va del período de López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 al 7 de julio de 2022, al menos 1,630 policías asesinados en México. Esta violencia también la debemos visibilizar. En 2018 asesinaron a 452, En 2019 al menos a 446 policías. En 2020, el más violento para policías, al menos 524. En 2021, 401, al menos. Guanajuato tiene el vergonzoso 1er lugar en asesinatos de policías en estos años.

En Irapuato la situación recién se complicó aun más para la corporación y para la ciudadanía. La disputa entre los Cárteles Jalisco Nueva Generación, por un lado, y de Sinaloa en alianza con el de Santa Rosa de Lima, por el otro, para tener dominio territorial, controlar violencias y grupos delictivos locales, y obtener protección política y policiaca, ha llegado a más asesinatos de elementos policiales y de ex mandos, junto con amenazas abiertas, y ocasionado renuncias al de por sí insuficiente cuerpo policial. Zozobras similares viven otros municipios del Estado y del país. Ante esos escenarios es muy difícil que alguien quiera ser policía. Pero reconozcamos hay quienes quieren servir y proteger a la población por vocación; desde que fui procurador de justicia del estado, y luego subprocurador de la República, lo he constatado.

Cualquier Estado de Derecho en el mundo que se respete debe monopolizar el uso de la fuerza para precisamente hacerse valer. Ello exige instituciones policiales eficaces en lograr se respete a las personas, sus derechos, libertades y patrimonio, así como el orden y la paz públicos. Todos los indicadores de desarrollo de los países consideran a las instituciones policiales, su grado de profesionalización, presupuestos, condiciones laborales, y respeto social, en lo que en México no solo somos harto deficitarios, sino que AMLO heredará una delincuencia poderosa y un Estado débil que nos costará tiempo, y harto dinero y esfuerzo revertir.

Ante la perversa necedad de López Obrador de no corregir el rumbo ante inseguridad agravada, y el atarugamiento de la parte de población que le cree a ciegas vamos bien -a los únicos que les está yendo bien son a los grupos delictivos-, debemos actuar ya desde lo local. En tanto cambiamos de gobierno que permita recuperar las instituciones responsables de la seguridad y justicia, lo que incluye policías, fiscales, jueces, prisiones y políticas públicas pertinentes, reconozcamos que “seguridad ciudadana es construcción ciudadana”, y no solo gubernamental, la que se empieza a construir desde casa, barrio, colonia, escuela, empresa, o comunidad rural. Exijamos a alcaldes y alcaldesas coraje para contener y reducir violencias, considerando casos exitosos más o menos recientes, en los que ha participado la sociedad civil, como en los estados de Yucatán y Campeche, o en los municipios de Nezahualcóyotl, Morelia o Ciudad Juárez. Por la sociedad civil toca a empresarios, medios de comunicación, iglesias y víctimas lograr una visión común que privilegie el bien y seguridad común por encima de intereses particulares. Y con inteligencia y buena voluntad participar en diagnósticos, creación de inteligencia social, fortalecimiento de policías locales profesionales, y una estrategia de prevención social de violencias y delincuencias.

Al gobierno del Estado seguir exigiendo estrategias verificables contra extorsión y cobro de piso, y gestione apoyo de Ejército y Guardia Nacional inteligente, serio; y un Centro Estatal de Desarrollo Policial que acompañe a todos los elementos policiales locales en lograr su proyecto de vida digno, con esquemas razonables de protección de sus vidas, que debemos cuidar todos.

La violencia contra nuestras policías está incontenida. Homicidios, lesiones, emboscadas de cobardes, y el abandono de gobiernos federal y locales, agravan abusos que padecen. La organización Causa en Común registra 9 policías asesinados en la primera semana de julio. En lo que va del año, 215 policías en el país; en promedio 1.13 policías asesinados cada día. Los estados con más policías asesinados en este 2022 son Guanajuato (29), Zacatecas (28), Veracruz (17), Jalisco (16) y Michoacán (15). En lo que va del período de López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 al 7 de julio de 2022, al menos 1,630 policías asesinados en México. Esta violencia también la debemos visibilizar. En 2018 asesinaron a 452, En 2019 al menos a 446 policías. En 2020, el más violento para policías, al menos 524. En 2021, 401, al menos. Guanajuato tiene el vergonzoso 1er lugar en asesinatos de policías en estos años.

En Irapuato la situación recién se complicó aun más para la corporación y para la ciudadanía. La disputa entre los Cárteles Jalisco Nueva Generación, por un lado, y de Sinaloa en alianza con el de Santa Rosa de Lima, por el otro, para tener dominio territorial, controlar violencias y grupos delictivos locales, y obtener protección política y policiaca, ha llegado a más asesinatos de elementos policiales y de ex mandos, junto con amenazas abiertas, y ocasionado renuncias al de por sí insuficiente cuerpo policial. Zozobras similares viven otros municipios del Estado y del país. Ante esos escenarios es muy difícil que alguien quiera ser policía. Pero reconozcamos hay quienes quieren servir y proteger a la población por vocación; desde que fui procurador de justicia del estado, y luego subprocurador de la República, lo he constatado.

Cualquier Estado de Derecho en el mundo que se respete debe monopolizar el uso de la fuerza para precisamente hacerse valer. Ello exige instituciones policiales eficaces en lograr se respete a las personas, sus derechos, libertades y patrimonio, así como el orden y la paz públicos. Todos los indicadores de desarrollo de los países consideran a las instituciones policiales, su grado de profesionalización, presupuestos, condiciones laborales, y respeto social, en lo que en México no solo somos harto deficitarios, sino que AMLO heredará una delincuencia poderosa y un Estado débil que nos costará tiempo, y harto dinero y esfuerzo revertir.

Ante la perversa necedad de López Obrador de no corregir el rumbo ante inseguridad agravada, y el atarugamiento de la parte de población que le cree a ciegas vamos bien -a los únicos que les está yendo bien son a los grupos delictivos-, debemos actuar ya desde lo local. En tanto cambiamos de gobierno que permita recuperar las instituciones responsables de la seguridad y justicia, lo que incluye policías, fiscales, jueces, prisiones y políticas públicas pertinentes, reconozcamos que “seguridad ciudadana es construcción ciudadana”, y no solo gubernamental, la que se empieza a construir desde casa, barrio, colonia, escuela, empresa, o comunidad rural. Exijamos a alcaldes y alcaldesas coraje para contener y reducir violencias, considerando casos exitosos más o menos recientes, en los que ha participado la sociedad civil, como en los estados de Yucatán y Campeche, o en los municipios de Nezahualcóyotl, Morelia o Ciudad Juárez. Por la sociedad civil toca a empresarios, medios de comunicación, iglesias y víctimas lograr una visión común que privilegie el bien y seguridad común por encima de intereses particulares. Y con inteligencia y buena voluntad participar en diagnósticos, creación de inteligencia social, fortalecimiento de policías locales profesionales, y una estrategia de prevención social de violencias y delincuencias.

Al gobierno del Estado seguir exigiendo estrategias verificables contra extorsión y cobro de piso, y gestione apoyo de Ejército y Guardia Nacional inteligente, serio; y un Centro Estatal de Desarrollo Policial que acompañe a todos los elementos policiales locales en lograr su proyecto de vida digno, con esquemas razonables de protección de sus vidas, que debemos cuidar todos.