Se acaba de pronunciar la ONU a través de La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y ONU Mujeres, quienes instaron “a respetar el derecho a la manifestación en línea con estándares internacionales”. Esos mismos estándares que nuestra alcaldesa a pudo apreciar cuando estuvo a cuenta del erario en Europa y Suramérica, en su extraño esfuerzo por convertirnos en una potencia turística…
¿Cómo es posible que una manifestación tan pacífica, idéntica a la que vimos el pasado 9 de marzo, se haya convertido en una campal donde la policía se brincó todos los protocolos? Porque si de algo se jactaba el anterior presidente municipal, Ricardo Ortiz, era del nuevo reglamento de policía, aprobado en 2016, cuyos artículos 29 al 32 exigen proceder atendiendo “el valor de la salud y de la vida humana, así como el respeto a la dignidad de la persona.”
Ni los golpes a la cabeza a muchachas indefensas, ni los tocamientos vaginales, o el baño en alcohol para amagar incendiarlas vivas; o los insultos y amenazas de convertirlas en una Debanhi más, como si ya tuviéramos pocas en Irapuato, hablan de unas fuerzas de seguridad dignas de confianza o respeto. Mucho menos el saqueo posterior a sus pertenencias personales, en flagrante violación al artículo 30 del mismo reglamento.
En la narración de los hechos se omite de forma sistemática el despegue de un dron de vigilancia desde la presidencia municipal, que sobrevoló a las manifestantes como si las autoridades desearan calentar los ánimos de mujeres más interesadas en denunciar atropellos y ausencia de justicia en casos de desaparición, violación y acoso, que en arremeter contra una edificación que, tampoco se explica, nunca fue resguardada por la fuerza pública. Por si fuera poco, en un municipio que se jacta de ser gobernado por una mujer y tener un “Instituto de las mujeres irapuatenses”, no hubo un solo funcionario que recibiera o escuchara a las escalofriantes denuncias de las manifestantes.
Me parece que dicha narración del durante y después de la protesta omite una pregunta fundamental: ¿Quién ordenó a la policía embestir contra las manifestantes? Porque estuvo muy lejos de ser un acto individual ¿Qué oficial o comandante estaba a cargo cuando más de una veintena de muchachas fueron torturadas y vejadas dentro de esa Presidencia Municipal que la misma autoridad decía defender? ¿Quién o quiénes siguen amenazando a las participantes a través de las redes?
La jauría policial aviesa y despiadada que vimos el domingo pasado nos cuesta a los irapuatenses una cuarta parte del total del presupuesto municipal. Es decir, 503 de los 2.013 millones de pesos destinados este año se irán a la Dirección de Seguridad Pública, que ahora dirige Víctor Armas Zagoya.
Con toda la razón, los colectivos feministas exigen que la Presidencia Municipal libere los videos de seguridad de esa tarde para que puedan deslindarse responsabilidades. Cierro citando el final del comunicado de Lorena Alfaro de ese mismo día, 1 de mayo, donde se refiere al asesinato del estudiante de la UG Ángel Yael: “es la valiosísima y sagrada oportunidad de llegar a la verdad y hacer justicia para que esto no vuelva a suceder nunca más.” ¿Vale esto sólo para la Guardia Nacional o también para la policía municipal de Irapuato? ¿Tendrán el valor de liberar los videos y castigar a los responsables en la cadena de mando?
Comentarios a mi correo electrónico: panquevadas@gmail.com
