/ sábado 10 de marzo de 2018

NO REELECCIÓN, PRINCIPIO INMUTABLE

Por: Armando Trueba Uzeta.

El apotegma maderista “Sufragio Efectivo. No reelección”, suponía la fórmula para impedir que la historia porfiriana se pudiera reproducir. El principio aplicaba solo para impedir la reelección presidencial que tan traumática resultaba y resulta hasta la fecha en nuestro país. Desde 1928 se amplió de cuatro a seis años el período presidencial y a partir de 1933 la prohibición de la reelección llegó hasta el poder legislativo, impidiendo la reelección consecutiva de diputados, senadores y ayuntamientos. Como se sabe, esta última parte ha cambiado y a partir de 2018 la reelección de legisladores será posible. Permanece, pues, la imposibilidad constitucional para que el titular del ejecutivo pueda optar por reelegirse.

Para el politólogo Sartori la ausencia de reelección consecutiva resultaba una “extravagancia” del sistema político mexicano. Soslayaba el pensador italiano cómo se las gastan los partidos en México, lo que han significado los cacicazgos y por qué resultaba conveniente alejar a sus cuadros de esta posibilidad. La extravagancia, afortunadamente permanece, por ahora, en términos absolutos en el rubro de la elección presidencial, lo cual bien podría cambiar en un futuro cercano en caso de resultar las elecciones tal como hoy en día pintan.

La imposibilidad constitucional para que el presidente de la república pueda optar por la reelección es un principio que ya comienza a cuestionarse. López Obrador ha sostenido con republicana soberbia que no piensa reelegirse. El simple hecho que lo diga hace pensar que, en la visión de López, queda en su esfera de decisiones prolongar su mandato por otro u otros periodos o no; que la determinación de irse a su rancho La Chingada es cosa que solo a él concierne una vez que haya transcurrido su eventual periodo presidencial. Si el candidato de MORENA afirma que no se habrá de reelegir, es porque está suponiendo que basta con que no quiera hacerlo. Es ocioso tratar de explicar a este personaje que la decisión de reelegirse o no, simplemente no le compete; que la Constitución es meridianamente clara al respecto y solo le ofrece un periodo sexenal. Pero ya se sabe que, para él, las disposiciones de la Constitución y de las leyes son cosas de leguleyos; meros enunciados fácilmente intercambiables por otros nuevos, acordes a la corrección de la nueva Constitución moral. Su ideario presidencialista, propio del México de los setentas le hace pensar que basta su voluntad para hacerse reelegir o no. Por ahora, él decide unilateralmente no hacerlo. Por ahora.

La visión del candidato López representa un riesgo. Desdice su supuesto compromiso sobre la obligación de observar el texto constitucional y compromete uno de los principios esenciales del sistema político mexicano postrevolucionario como lo es el de la no reelección presidencial. Cuando suponíamos que México evolucionaba del sistema presidencialista a un verdadero Estado sustentado en las instituciones, recapacitamos y nos estrellamos con la realidad: el sistema institucional mexicano es sumamente endeble y puede ser derribado con un soplo de autoritarismo sustentado en políticas populistas. El caudillismo retorna con más fuerza que nunca en los últimos ochenta años y el carisma sirve como sustento moral para trastocar todo el orden.

Actualmente el sistema político y democrático mexicano se sustenta en un trípode integrado, en primer término, por el esencial principio de la no reelección presidencial; en segundo lugar por la ciudadanización del sistema electoral y, en tercero, por la división de poderes clásica, más los órganos constitucionalmente autónomos. Esta estructura garantiza, cuando menos, la renovación periódica del poder público y la necesaria entrega del mando cada seis años como lo establece el artículo 83 Constitucional. Solemos quejarnos de la mala calidad de nuestra democracia, pues bien, sin este principio de renovación sexenal obligatoria del poder, nada de ella queda; se pierde la esencia del sistema político mexicano, en el que la silla presidencial debe ser ocupada solo por dos mil ciento noventa días. No más ni menos.

Desde inicios del siglo XX se estableció el principio inmutable de que el ciudadano que funja como presidente de la República, cualquiera que sea el carácter por el que arribe al cargo, en ningún caso y por ningún motivo puede volver a desempeñar el mismo cargo. El precepto no es gratuito ni ha perdido su vigencia a través de los años. La no reelección es producto de las negativas experiencias que el país ha vivido a lo largo de su historia. Hoy en día no solo es necesario recordar vívidamente esos dolorosos episodios, sino que resulta indispensable compararnos con los sistemas latinoamericanos actuales que han permitido la eternización en el poder de caudillos que han aprovechado el andamiaje constitucional para arribar al poder, y una vez ahí instalados, cambiarlo por uno que se ajuste a sus intereses personales y de grupo. Esto no ha funcionado para nadie.

La última vez que escuchamos algún devaneo reeleccionista similar fue durante los momentos de gloria del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, rumor que afortunadamente nunca cogió fuerza y que seguro el expresidente, inteligente como lo es, desoyó completamente. Pero hoy las cosas no son como en aquellos años, en las expresiones más acabadas de los sistemas neopopulistas, una de las primeras tareas del caudillo en turno consiste precisamente en trastocar el orden constitucional para asegurarse la permanencia en el poder. En este sentido, regímenes como el de Chávez-Maduro en Venezuela se han asegurado el poder de manera perenne y han socavado la integridad nacional de ese país; en un temerario lance, Rafael Correa en Ecuador, tras ¡diez años! en el poder, ha sufrido un revés popular en sus aspiraciones por acceder nuevamente a la presidencia y perpetuarse en ella. En México no hay motivo para incurrir en esas tentaciones y volver el camino andado. Quizá la exministra Sánchez Cordero podría hacer entender a López que la reelección no queda a su libre arbitrio y que en caso de ganar las elecciones del próximo julio, el tabasqueño deberá irse naturalmente, tal como lo han hecho, sin chistar, los últimos catorce presidentes.

Por: Armando Trueba Uzeta.

El apotegma maderista “Sufragio Efectivo. No reelección”, suponía la fórmula para impedir que la historia porfiriana se pudiera reproducir. El principio aplicaba solo para impedir la reelección presidencial que tan traumática resultaba y resulta hasta la fecha en nuestro país. Desde 1928 se amplió de cuatro a seis años el período presidencial y a partir de 1933 la prohibición de la reelección llegó hasta el poder legislativo, impidiendo la reelección consecutiva de diputados, senadores y ayuntamientos. Como se sabe, esta última parte ha cambiado y a partir de 2018 la reelección de legisladores será posible. Permanece, pues, la imposibilidad constitucional para que el titular del ejecutivo pueda optar por reelegirse.

Para el politólogo Sartori la ausencia de reelección consecutiva resultaba una “extravagancia” del sistema político mexicano. Soslayaba el pensador italiano cómo se las gastan los partidos en México, lo que han significado los cacicazgos y por qué resultaba conveniente alejar a sus cuadros de esta posibilidad. La extravagancia, afortunadamente permanece, por ahora, en términos absolutos en el rubro de la elección presidencial, lo cual bien podría cambiar en un futuro cercano en caso de resultar las elecciones tal como hoy en día pintan.

La imposibilidad constitucional para que el presidente de la república pueda optar por la reelección es un principio que ya comienza a cuestionarse. López Obrador ha sostenido con republicana soberbia que no piensa reelegirse. El simple hecho que lo diga hace pensar que, en la visión de López, queda en su esfera de decisiones prolongar su mandato por otro u otros periodos o no; que la determinación de irse a su rancho La Chingada es cosa que solo a él concierne una vez que haya transcurrido su eventual periodo presidencial. Si el candidato de MORENA afirma que no se habrá de reelegir, es porque está suponiendo que basta con que no quiera hacerlo. Es ocioso tratar de explicar a este personaje que la decisión de reelegirse o no, simplemente no le compete; que la Constitución es meridianamente clara al respecto y solo le ofrece un periodo sexenal. Pero ya se sabe que, para él, las disposiciones de la Constitución y de las leyes son cosas de leguleyos; meros enunciados fácilmente intercambiables por otros nuevos, acordes a la corrección de la nueva Constitución moral. Su ideario presidencialista, propio del México de los setentas le hace pensar que basta su voluntad para hacerse reelegir o no. Por ahora, él decide unilateralmente no hacerlo. Por ahora.

La visión del candidato López representa un riesgo. Desdice su supuesto compromiso sobre la obligación de observar el texto constitucional y compromete uno de los principios esenciales del sistema político mexicano postrevolucionario como lo es el de la no reelección presidencial. Cuando suponíamos que México evolucionaba del sistema presidencialista a un verdadero Estado sustentado en las instituciones, recapacitamos y nos estrellamos con la realidad: el sistema institucional mexicano es sumamente endeble y puede ser derribado con un soplo de autoritarismo sustentado en políticas populistas. El caudillismo retorna con más fuerza que nunca en los últimos ochenta años y el carisma sirve como sustento moral para trastocar todo el orden.

Actualmente el sistema político y democrático mexicano se sustenta en un trípode integrado, en primer término, por el esencial principio de la no reelección presidencial; en segundo lugar por la ciudadanización del sistema electoral y, en tercero, por la división de poderes clásica, más los órganos constitucionalmente autónomos. Esta estructura garantiza, cuando menos, la renovación periódica del poder público y la necesaria entrega del mando cada seis años como lo establece el artículo 83 Constitucional. Solemos quejarnos de la mala calidad de nuestra democracia, pues bien, sin este principio de renovación sexenal obligatoria del poder, nada de ella queda; se pierde la esencia del sistema político mexicano, en el que la silla presidencial debe ser ocupada solo por dos mil ciento noventa días. No más ni menos.

Desde inicios del siglo XX se estableció el principio inmutable de que el ciudadano que funja como presidente de la República, cualquiera que sea el carácter por el que arribe al cargo, en ningún caso y por ningún motivo puede volver a desempeñar el mismo cargo. El precepto no es gratuito ni ha perdido su vigencia a través de los años. La no reelección es producto de las negativas experiencias que el país ha vivido a lo largo de su historia. Hoy en día no solo es necesario recordar vívidamente esos dolorosos episodios, sino que resulta indispensable compararnos con los sistemas latinoamericanos actuales que han permitido la eternización en el poder de caudillos que han aprovechado el andamiaje constitucional para arribar al poder, y una vez ahí instalados, cambiarlo por uno que se ajuste a sus intereses personales y de grupo. Esto no ha funcionado para nadie.

La última vez que escuchamos algún devaneo reeleccionista similar fue durante los momentos de gloria del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, rumor que afortunadamente nunca cogió fuerza y que seguro el expresidente, inteligente como lo es, desoyó completamente. Pero hoy las cosas no son como en aquellos años, en las expresiones más acabadas de los sistemas neopopulistas, una de las primeras tareas del caudillo en turno consiste precisamente en trastocar el orden constitucional para asegurarse la permanencia en el poder. En este sentido, regímenes como el de Chávez-Maduro en Venezuela se han asegurado el poder de manera perenne y han socavado la integridad nacional de ese país; en un temerario lance, Rafael Correa en Ecuador, tras ¡diez años! en el poder, ha sufrido un revés popular en sus aspiraciones por acceder nuevamente a la presidencia y perpetuarse en ella. En México no hay motivo para incurrir en esas tentaciones y volver el camino andado. Quizá la exministra Sánchez Cordero podría hacer entender a López que la reelección no queda a su libre arbitrio y que en caso de ganar las elecciones del próximo julio, el tabasqueño deberá irse naturalmente, tal como lo han hecho, sin chistar, los últimos catorce presidentes.