Irapuato, el estado y el país, sufren la peor crisis de seguridad desde la Revolución de 1910, y la Guerra Cristera en el Bajío. En lo municipal no hay plan ni programas de seguridad a más de un año de las elecciones, y de casi 10 meses de la nueva administración. En el estado, fiscal y secretario de seguridad no comunican estrategias, si es que las hay, se esconden en faldas de su vocera. (El de Cdmx sí comunica bien, fue buen policía federal). Y López Obrador no admite su desmadre (salida de cauce, de madre); fingió “estrategia nacional de seguridad”, que le aprobó el Senado, y nadie sigue. Va por nuevo distractor: un conflicto con Canadá y EU, de daños enormes, si el 16 de septiembre anuncia salida del Tratado Comercial.
Múltiples causas de inseguridad hay: tanto en sociedad civil, como impunidad e ineptitud gubernamentales, estructuras injustas, entre otras. Todas las debemos conocer para saber a quiénes exigir su parte y resultados. La causa mayor hoy en lo nacional es López Obrador, sus anteojeras ideológicas, su relación con delincuentes, su militarización, su necedad. Porfirio Muñoz Ledo (diputado que le pasó banda presidencial), recién planteó: “una enorme patología: el contubernio del poder público con el crimen organizado, desde el inicio de ésta administración. Hay claras evidencias de estas relaciones que debieran ser esclarecidas por una Comisión independiente de la Verdad, antes de las próximas elecciones... Es como si el narcotráfico exigiera derecho de piso a las autoridades… Se desmorona el estado nacional”. El INEGI publicó última Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, del período enero-junio, que recoge incrementos: de 31% en víctimas de extorsión, de 24% en trata de personas, de 5% en violencia familiar, 3% en víctimas de secuestro registradas. Reporta 15,893 asesinatos. El número de personas desaparecidas creció dramáticamente. Al menos 3,123 crímenes de extrema violencia.
Datos de la Fiscalía General de la República, dan cuenta de que en GTO, en lo que va del sexenio de AMLO, ésta abrió solo 36 carpetas de investigación relacionadas a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, menos de una al mes; cuando asesinatos diarios de ésta, y huachicol, tráfico de drogas y de armas, robos en carreteras –impunes-, agravan criminalidad acá, teatro de disputa territorial mortal entre cárteles y grupos locales.
La seguridad a cargo de Municipios, Estados y Federación, exige, de cada orden de gobierno, incluir en sus planes y programas 4 grandes capítulos: (i) la prevención de conductas antisociales, (ii) la investigación y persecución de los delitos, (iii) los procesos para imponer las sanciones o penas, y (iv) la ejecución de penas, con reinserción social. Las instituciones de seguridad forman el Sistema Nacional de Seguridad Pública: con AMLO inoperante; descoordinadas, con secretariado ausente; policías locales maltratadas, fiscalías rebasadas. Planes y programas son cartas de navegación necesarios para buen resultado de tripulaciones. A partir de diagnósticos realistas (por barrio, colonia, comunidad, municipio, región, estado, país), con participación ciudadana permanente (en ámbito municipal es muy relevante, por vinculación policías-ciudadanos para hacer inteligencia social). Ahí se definen objetivos fundamentales, metas municipales, estatales y nacionales; alineación a objetivos de programas, líneas de acción estratégicas transversales; indicadores para seguimiento, evaluación y control; asignación de responsables y recursos necesarios; plazos para el logro de objetivos y metas. Hoy no hay estrategias ni programas de seguridad en ningún orden. “Lo que existe es un discurso, un espejismo, un “dejar hacer, dejar pasar” permeado por el uso indiscriminado de las Fuerzas Armadas para completar la ilusión de que se sabe que se está haciendo”. Así, será desde lo local-municipal donde se construyan primeras, y por ahora únicas, soluciones a necesidades primarias, como las de seguridad (subsidiariedad). “Seguridad ciudadana es construcción ciudadana también”. Exijámoslo, es nuestro deber y derecho.
