Betty Zanolli Fabila
En los últimos años, la sociedad mexicana ha visto crecer y expandirse a uno de los tantos mega cánceres que la están minando: la eterna lucha por el espacio. Flagelo cuyas metástasis adoptan mil y una formas, siendo una de ellas la relativa al ámbito de la vivienda.
Un dramático ejemplo lo tenemos en los múltiples casos de despojo inmobiliario que han sido denunciados en diversos estados de la República y en especial en la CDMX, sin que hasta la fecha se haya procedido contra las bandas criminales de invasores y extorsionadores involucradas o contra los notarios públicos y funcionarios, tanto de la administración pública, comenzando por los Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio respectivos, como de la esfera judicial local, coludidos con los presuntos afectados en sus “derechos de propiedad”.
Ni qué decir de las miles de denuncias penales así interpuestas que ni siquiera han llegado a la instancia judicial porque se han quedado allí, acumuladas desde hace lustros, en los escritorios de la autoridad ministerial sin que ésta cumpla con su obligación. ¿Por qué? Porque tal vez muchas de ellas están involucradas en esta macro red obscura y putrefacta de intereses aviesos. Pero faltaba la puntilla: en este mare magnum de abandono y corrupción en el que se ha encontrado expuesta la sociedad por parte de la autoridad en turno desde hace décadas, restaba que los flamantes legisladores del congreso capitalino, al más depurado estilo de sus antecesores asambleístas, impulsaran una ley “constitucional” que no solo usurpa descaradamente un rango jerárquico legal, algo peor: violenta los derechos fundamentales consagrados por el Texto Supremo.
El ejemplo más reciente e ilustrativo: el artículo 60 de la Ley “Constitucional” de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México -publicada en la Gaceta Oficial el pasado 8 de febrero- que hace nugatoria la seguridad jurídica por cuanto a la defensa de los derechos de propiedad, en aras de una presunta defensa al derecho de una vivienda digna, olvidando que la salvaguarda de un derecho fundamental no puede imponerse a costa de la supresión del derecho fundamental de un tercero.
Aquí no hay colisión entre derechos fundamentales: hay solo una pretensión demagógica de imponer un argumento de fondo político a costa de atropellar al Estado de Derecho. Afortunadamente, ahora la inquietud social y la denuncia a través de los medios de comunicación hicieron reaccionar tanto a los integrantes del congreso capitalino –autores de la Ley de marras- como a la Jefa de Gobierno –quien la promulgó- y, presuntamente, el artículo 60 de la Ley será reformulado.
Como ciudadanos no podemos permitir que nuestros representantes “legalicen” el atropello de los derechos fundamentales y promuevan la desigualdad, la inequidad y sobre todo el encono social. Si algo necesitamos es certeza, seguridad y legalidad jurídicas. Volver a legislar bajo consigna, a modo, desaseadamente, tal y como lo padecimos en los últimos sexenios y ahora lo hizo y está haciendo el Congreso de la CDMX, vulnera la confianza social y resquebraja el desarrollo estructural de nuestra Nación: la Justicia deja entonces de ser el fin al ser pulverizada por la irresponsabilidad del legislador y suplantada por la atroz mezquindad del interés político-partidista.
@BettyZanolli
