/ sábado 10 de marzo de 2018

Alerta Agropecuaria

Retos de la Política Social… 3ª. Y última parte

…En el trabajo infantil, se violentan todos los derechos ya que se omite el acceso a los derechos de los niños y niñas. Sin embargo, las estrategias para erradicar el trabajo infantil han sido insuficientes e ineficaces. Lo que encontramos ahora es una criminalización de las familias, lo cual se aleja de la restitución de derechos. Y surgen varios cuestionamientos y nos preguntamos:

Porque la oferta es de difícil acceso. La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) ha hecho un esfuerzo importante pero su oferta se reduce a instalar espacios educativos durante las tardes, después de que los niños y niñas estuvieron laborando y esperando la conclusión de su jornada de trabajo (ocho a 12 horas), a pie de zurco y sin haber ingerido alimentos saludables.

Porque no tiene un significado de importancia la inversión de tiempo en la educación. Porque la lógica de sobrevivencia requiere el trabajo infantil.

Porque los maestros no hablan la lengua, no están capacitados. Basta con revisar el documento del INEE sobre directrices; una de ellas plantea justamente la profesionalización docente.

El tema de la educación en la infancia es vital en especial para la población jornalera agrícola; por medio de ésta se puede garantizar de cierta manera una mejor oportunidad de desarrollo, ya que quienes completan oportunamente la escolaridad tienen mayores posibilidades de continuar y concluir la educación posterior.

No obstante, a pesar de estos programas, el rezago es acumulativo y no se ve que disminuya; el constante movimiento de esta población va creando un desfase en la edad de las y los niños de acuerdo con el grado escolar, provocando la deserción, y esto se da mayoritariamente en escuelas rurales e indígenas.

En la actualidad, sólo entre 14 y 17 por ciento de los niños y jóvenes migrantes asisten a la escuela, a pesar de que el gobierno lleva más de 30 años impulsando acciones y programas para esta población. El presupuesto educativo para este grupo ha disminuido; actualmente se gastan 14 mil pesos por estudiante en promedio en el país, pero para hijos/as de jornaleros migrantes apenas son tres mil, según el Instituto para la Evaluación de la Educación (INEE). Por otro lado, no está claro hasta qué punto funciona el Sistema Nacional de Control Escolar de Población Migrante (Sinacem), que fue creado para que las y los hijos de jornaleros migrantes pudieran continuar sus estudios en origen y destino.

En este sentido, se puede afirmar que la acción pública desplegada para la atención educativa de este grupo es insuficiente y muchas veces poco pertinente. La Secretaría de Educación Pública (SEP) estima que existe entre 279 mil y 326 mil niñas, niños y adolescentes migrantes agrícolas en edad de cursar la educación básica. “La investigación educativa ha señalado que esta población sufre diversas carencias educativas: la falta de disponibilidad de servicios educativos o de oportunidades para una trayectoria escolar continua; la atención por parte de figuras educativas con formación o experiencia profesional insuficiente; y la carencia de mobiliario y condiciones adecuadas para el aprendizaje en sus escuelas. Lo más preocupante es que este es un problema crónico; investigaciones realizadas entre 2000 y 2012 describen un estado similar, a pesar de la implementación de programas gubernamentales destinados a revertir este panorama” (INEE, 2016, citando a Rodríguez).

“Los empresarios agrícolas propietarios de los campos de cultivo donde laboran padres o tutores de niñas y niños migrantes agrícolas, juegan un papel importante en la disponibilidad de servicios educativos, ya que pueden ser gestores ante la autoridad educativa para su instalación y contribuir con diferentes aportaciones para su funcionamiento. Sin embargo, también pueden actuar en contra del derecho a la educación de esta niñez, negando a las instancias oficiales responsables de atender a esta población el acceso a su propiedad” (INEE, 2016: 9, citando a Rodríguez, 2009; Rojas, 2011a; y UAN, 2014).

En conclusión, levantamos la voz de Alerta Agropecuaria y encendemos focos rojos porque existe una oferta educativa diferenciada: de primera, segunda y hasta de tercera calidad, que se traduce así: para los más pobres los peores servicios. Esta falta de equidad nos aleja del ejercicio de los derechos. Y por otro lado, la portabilidad del derecho, entendida como la capacidad de preservar, mantener y transferir derechos sociales no se puede ejercer porque no hay la infraestructura requerida. Sobre todo en las nuevas rutas migratorias no existe una relación del ejercicio del derecho a la educación con el resto de los derechos. No existen estancias infantiles, ni albergues, ni guarderías. Se encuentran invisibilizados y solo sabemos de ellos cuando sucede un accidente automovilístico durante su traslado y la Procuraduría de los Derechos Humanos y existe alguna Comisión de los Derechos Humanos en la Legislatura Local de Guanajuato ¿?.

La publicación reciente de las “Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes”, del INEE, da un diagnóstico acertado de la situación y plantea estrategias concretas para su abordaje. Todos los estados, además de la propia SEP han respondido aceptándolas. El reto ahora es la generación de indicadores de seguimiento que permitan conocer el avance real que los estados y la federación hagan en esta materia.

Otra herramienta, que se desprende de la Ley de los niños, niñas y adolescentes es la instalación de los Sistemas de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA), los cuales plantean un sistema orgánico de promoción y defensa de los derechos y donde en varios estados el tema el del trabajo infantil resulta relevante. Sin embargo, para que estos esfuerzos sean “algo” funcionales, requieren asignaciones presupuestarias mucho mayores que las actuales. En los hechos, se ha reducido la inversión social.

Consideraciones:

El Estado mexicano no puede pretender que sólo por sacar a los niños y niñas de los campos se restituyen los derechos. El ejercicio de los derechos es progresivo e interdependiente.

Esta población requiere servicios educativos de calidad. Ofrecer los peores servicios a los más pobres implica discriminación. Las Directrices del INE son un horizonte pertinente sin embargo se requieren las partidas presupuestarias necesarias y flexibles para adecuarse a la complejidad de la atención.

Es fundamental asegurar condiciones laborales dignas para la exigencia del servicio, y priorizar el servicio educativo en la lengua materna.

Se requieren una vinculación interestatal que permita dar seguimiento a la trayectoria de las y los niños en los ciclos y rutas.

Es importante que, por derecho, cuando se trate de población indígena, el enfoque intercultural sea obligatorio, con un digno y respetuoso para todo tipo de manifestaciones culturales: alimenticias, de relación con la tierra y de vínculos familiares, productivos o educativos.

Como consideración final, la raíz del problema (en este caso, el ejercicio del derecho a la educación) no se atacará con mejoras por medio de políticas públicas compensatorias, sino con la trasformación radical de las pautas de desarrollo, mismas que hoy mantienen a las comunidades indígenas en una situación propia del siglo XVI. Por la emergencia de la vulnerabilidad con que arriban las familias jornaleras, se requiere enfrentar integralmente las condiciones oprobiosas en que actualmente desarrollan su trabajo las familias migrantes. Es un asunto humanitario y más propiamente dicho, de justicia social. Se terminó el espacio, hasta el próximo estimado lector usted tiene la mejor opinión.

FELICIDADES!!! A LAS MUJERES, particularmente a las mujeres de garra, lucha de propuesta, que trascienden que cuando se caen se levantan, que si se les cierra una puerta abren otras, que nunca se dan por vencidas y rompen paradigmas, inercias, el techo de cristal, que van abriendo brecha con pico y pala en el camino, y que tienen el coraje y la decisión de dar vuelta a la página y “juntos hacer historia” por 8 de marzo día Internacional de la mujer. Es por Irapuato, Guanajuato y por México: vaya pues nuestro respeto y reconocimiento cariño, estimación y admiración para una mujer preparada de carácter y decisión. Pilar de mi familia y madre de mis hijos mi Señora esposa.

Retos de la Política Social… 3ª. Y última parte

…En el trabajo infantil, se violentan todos los derechos ya que se omite el acceso a los derechos de los niños y niñas. Sin embargo, las estrategias para erradicar el trabajo infantil han sido insuficientes e ineficaces. Lo que encontramos ahora es una criminalización de las familias, lo cual se aleja de la restitución de derechos. Y surgen varios cuestionamientos y nos preguntamos:

Porque la oferta es de difícil acceso. La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) ha hecho un esfuerzo importante pero su oferta se reduce a instalar espacios educativos durante las tardes, después de que los niños y niñas estuvieron laborando y esperando la conclusión de su jornada de trabajo (ocho a 12 horas), a pie de zurco y sin haber ingerido alimentos saludables.

Porque no tiene un significado de importancia la inversión de tiempo en la educación. Porque la lógica de sobrevivencia requiere el trabajo infantil.

Porque los maestros no hablan la lengua, no están capacitados. Basta con revisar el documento del INEE sobre directrices; una de ellas plantea justamente la profesionalización docente.

El tema de la educación en la infancia es vital en especial para la población jornalera agrícola; por medio de ésta se puede garantizar de cierta manera una mejor oportunidad de desarrollo, ya que quienes completan oportunamente la escolaridad tienen mayores posibilidades de continuar y concluir la educación posterior.

No obstante, a pesar de estos programas, el rezago es acumulativo y no se ve que disminuya; el constante movimiento de esta población va creando un desfase en la edad de las y los niños de acuerdo con el grado escolar, provocando la deserción, y esto se da mayoritariamente en escuelas rurales e indígenas.

En la actualidad, sólo entre 14 y 17 por ciento de los niños y jóvenes migrantes asisten a la escuela, a pesar de que el gobierno lleva más de 30 años impulsando acciones y programas para esta población. El presupuesto educativo para este grupo ha disminuido; actualmente se gastan 14 mil pesos por estudiante en promedio en el país, pero para hijos/as de jornaleros migrantes apenas son tres mil, según el Instituto para la Evaluación de la Educación (INEE). Por otro lado, no está claro hasta qué punto funciona el Sistema Nacional de Control Escolar de Población Migrante (Sinacem), que fue creado para que las y los hijos de jornaleros migrantes pudieran continuar sus estudios en origen y destino.

En este sentido, se puede afirmar que la acción pública desplegada para la atención educativa de este grupo es insuficiente y muchas veces poco pertinente. La Secretaría de Educación Pública (SEP) estima que existe entre 279 mil y 326 mil niñas, niños y adolescentes migrantes agrícolas en edad de cursar la educación básica. “La investigación educativa ha señalado que esta población sufre diversas carencias educativas: la falta de disponibilidad de servicios educativos o de oportunidades para una trayectoria escolar continua; la atención por parte de figuras educativas con formación o experiencia profesional insuficiente; y la carencia de mobiliario y condiciones adecuadas para el aprendizaje en sus escuelas. Lo más preocupante es que este es un problema crónico; investigaciones realizadas entre 2000 y 2012 describen un estado similar, a pesar de la implementación de programas gubernamentales destinados a revertir este panorama” (INEE, 2016, citando a Rodríguez).

“Los empresarios agrícolas propietarios de los campos de cultivo donde laboran padres o tutores de niñas y niños migrantes agrícolas, juegan un papel importante en la disponibilidad de servicios educativos, ya que pueden ser gestores ante la autoridad educativa para su instalación y contribuir con diferentes aportaciones para su funcionamiento. Sin embargo, también pueden actuar en contra del derecho a la educación de esta niñez, negando a las instancias oficiales responsables de atender a esta población el acceso a su propiedad” (INEE, 2016: 9, citando a Rodríguez, 2009; Rojas, 2011a; y UAN, 2014).

En conclusión, levantamos la voz de Alerta Agropecuaria y encendemos focos rojos porque existe una oferta educativa diferenciada: de primera, segunda y hasta de tercera calidad, que se traduce así: para los más pobres los peores servicios. Esta falta de equidad nos aleja del ejercicio de los derechos. Y por otro lado, la portabilidad del derecho, entendida como la capacidad de preservar, mantener y transferir derechos sociales no se puede ejercer porque no hay la infraestructura requerida. Sobre todo en las nuevas rutas migratorias no existe una relación del ejercicio del derecho a la educación con el resto de los derechos. No existen estancias infantiles, ni albergues, ni guarderías. Se encuentran invisibilizados y solo sabemos de ellos cuando sucede un accidente automovilístico durante su traslado y la Procuraduría de los Derechos Humanos y existe alguna Comisión de los Derechos Humanos en la Legislatura Local de Guanajuato ¿?.

La publicación reciente de las “Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes”, del INEE, da un diagnóstico acertado de la situación y plantea estrategias concretas para su abordaje. Todos los estados, además de la propia SEP han respondido aceptándolas. El reto ahora es la generación de indicadores de seguimiento que permitan conocer el avance real que los estados y la federación hagan en esta materia.

Otra herramienta, que se desprende de la Ley de los niños, niñas y adolescentes es la instalación de los Sistemas de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA), los cuales plantean un sistema orgánico de promoción y defensa de los derechos y donde en varios estados el tema el del trabajo infantil resulta relevante. Sin embargo, para que estos esfuerzos sean “algo” funcionales, requieren asignaciones presupuestarias mucho mayores que las actuales. En los hechos, se ha reducido la inversión social.

Consideraciones:

El Estado mexicano no puede pretender que sólo por sacar a los niños y niñas de los campos se restituyen los derechos. El ejercicio de los derechos es progresivo e interdependiente.

Esta población requiere servicios educativos de calidad. Ofrecer los peores servicios a los más pobres implica discriminación. Las Directrices del INE son un horizonte pertinente sin embargo se requieren las partidas presupuestarias necesarias y flexibles para adecuarse a la complejidad de la atención.

Es fundamental asegurar condiciones laborales dignas para la exigencia del servicio, y priorizar el servicio educativo en la lengua materna.

Se requieren una vinculación interestatal que permita dar seguimiento a la trayectoria de las y los niños en los ciclos y rutas.

Es importante que, por derecho, cuando se trate de población indígena, el enfoque intercultural sea obligatorio, con un digno y respetuoso para todo tipo de manifestaciones culturales: alimenticias, de relación con la tierra y de vínculos familiares, productivos o educativos.

Como consideración final, la raíz del problema (en este caso, el ejercicio del derecho a la educación) no se atacará con mejoras por medio de políticas públicas compensatorias, sino con la trasformación radical de las pautas de desarrollo, mismas que hoy mantienen a las comunidades indígenas en una situación propia del siglo XVI. Por la emergencia de la vulnerabilidad con que arriban las familias jornaleras, se requiere enfrentar integralmente las condiciones oprobiosas en que actualmente desarrollan su trabajo las familias migrantes. Es un asunto humanitario y más propiamente dicho, de justicia social. Se terminó el espacio, hasta el próximo estimado lector usted tiene la mejor opinión.

FELICIDADES!!! A LAS MUJERES, particularmente a las mujeres de garra, lucha de propuesta, que trascienden que cuando se caen se levantan, que si se les cierra una puerta abren otras, que nunca se dan por vencidas y rompen paradigmas, inercias, el techo de cristal, que van abriendo brecha con pico y pala en el camino, y que tienen el coraje y la decisión de dar vuelta a la página y “juntos hacer historia” por 8 de marzo día Internacional de la mujer. Es por Irapuato, Guanajuato y por México: vaya pues nuestro respeto y reconocimiento cariño, estimación y admiración para una mujer preparada de carácter y decisión. Pilar de mi familia y madre de mis hijos mi Señora esposa.