El primer domingo de mayo mujeres manifestantes contra violencias, desapariciones, feminicidios, fueron víctimas de abuso de la fuerza por mujeres policías y sus mandos en Irapuato; está documentado en videos y testimonios violaciones graves a la ley, y a protocolos sobre el uso legítimo de la fuerza: (i) al no respetar principios, como el de agotar antes otros medios de desistimiento de quienes vandalizaban bienes públicos (edificio histórico), pues la fuerza es la última alternativa; o el de la proporcionalidad en el nivel de fuerza usada, acorde con el nivel de resistencia y de riesgo exhibidos por manifestantes que vandalizaban, desaplicando un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza; o el de previsión de operativos planificados que minimizaran el uso de la fuerza y daños resultantes. (ii).
Lo hasta ahora conocido no evidencia se haya graduado el impacto del uso de la fuerza: 1º, con acciones de persuasión (con altoparlantes, silbatos); 2º, con restricciones al desplazamiento de manifestantes en perímetro de presidencia para evitar vandalismo; 3º, con sujeciones con fuerza física moderada. Por el contrario, se pasó directo al uso de fuerza excesiva contra todas las manifestantes -y contra algunas que no lo eran-; a su inmovilización y lesiones diversas. Y es que la ley y protocolos exigen en dicha graduación mecanismos policiales de respuesta que van: 1º, de controles con indicaciones verbales; 2º, controles mediante contacto físico; 3º, sometimiento momentáneo, en primera instancia.
Las evidencias de daños causados por algunas de las manifestantes (no todas) al patrimonio histórico inmobiliario (edificio de presidencia municipal) también circulan. Ante esto la ley clasifica conductas de manifestantes que pudieron ameritar uso de la fuerza en: a) resistencia pasiva no violenta, al no obedecer órdenes de autoridad; b) resistencia activa, al emplear violencia al negarse a obedecer; y c), resistencia de alta peligrosidad por parte de las manifestantes. Las retenidas al interior de la Presidencia Municipal sufrieron, además de las lesiones, amenazas de ser violadas, quemadas o asesinadas, y torturas, de parte de mujeres policías que se nota están muy enojadas. A algunas les bajaron pantalones, las arrastraron y les dieron nalgadas. Identifican a seis mujeres policías golpeadoras. 26 manifestantes detenidas y con carpetas de investigación iniciadas.
Es entendible el hartazgo de las mujeres ante la incontrolable y cada día más grave e impune violencia de que son víctimas (en el hogar, trabajo, escuela, transporte o espacios públicos). Sus protestas, como toda manifestación de ideas, están protegidas por la ley, salvo que “ataque la vida privada, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”, dice la Constitución; la que también prevé que no podrá ser disuelta una reunión convocada para “presentar una protesta a una autoridad, si no se hiciere uso de violencias o amenazas para obligarla a resolver en el sentido que se desee”. E impone: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”. Por supuesto hay delitos que perseguir, tanto de policías y sus mandos, como de quienes vandalizaron y causaron daños al Patrimonio Nacional y mobiliario urbano. Las autoridades judiciales, que tendrán la última palabra, deberán actuar con prudencia, a partir de la verdad y la justicia.
La alcaldesa cesó al director de la policía municipal: es un primer paso a la no impunidad; faltan otros pasos en lo municipal, hoy en crisis. La fiscalía del estado debe investigar conductas delictivas de unas y otras. “No me vengan con que la ley es la ley”, dice López Obrador. No lo repitamos. Con decisión, y sin odio ni violencia, construyamos una nueva cultura, y espacios públicos y privados respetuosos de las mujeres. Urge actuemos como sociedad y como Estado –los tres órdenes de gobierno-reconociendo las añosas estructuras de violencia prevaleciente contra las mujeres. Deuda que, como Sociedad y Estado, les debemos.
